La Fiscalía General del Estado (FGE) habría solicitado, en semanas recientes, el congelamiento y/o bloqueos de cuentas bancarias de ex funcionarios públicos relacionados con diversas investigaciones.
Se corrobora lo anterior puesto que un Tribunal Colegiado en Tepic estudió un recurso de queja relacionado con el tema, precisándose que la solicitud de congelamiento de cuentas partió del titular de la Fiscalía -Petronilo Díaz Ponce Medrano- y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, pasó por un juez de Control, en tanto que una institución bancaria procedió a cumplimentar el bloqueo.
El recurso de queja fue interpuesto en contra de un Juzgado de Distrito que negó al quejoso -cuya identidad fue omitida- la suspensión provisional del acto reclamado, argumentando que el bloqueo de la cuenta deriva de una técnica de investigación, misma que, se conoce, tiene como personaje central al ex gobernador Ney González Sánchez (2005-2011), que cuenta con varias órdenes de aprehensión.
El amparista considera que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasionaría perjuicio al interés social, además de que los recursos son el sostén de su familia.
De acuerdo con el Tribunal Colegiado, “…se advierte que la información con que hasta este momento se cuenta, es suficiente para considerar actualizado la regla general previsto (…) en el sentido que, no son objeto de suspensión, entre otros supuestos, le ejecución de las técnicas de investigación autorizadas judicialmente por una persona juzgadora.
“De ahí que, este Tribunal Colegiado considera que fue jurídicamente correcto que la Jueza de Distrito negara la medida cautelar solicitada, porque se insiste, hasta el estado procesal que guarda el incidente de suspensión, no se aprecia que los actos reclamados trasciendan a la esfera de derechos de la quejosa, en lo que respecta a su libertad personal, o diversos derechos humanos que modifiquen la percepción de tal decisión.”
En el mismo sentido, la resolución recuerda que la sociedad está interesada en que se investiguen y persigan eficientemente los delitos, que no haya impunidad, por lo que si se concediera la suspensión provisional equivaldría a levantar los efectos del aseguramiento, además de que se resolvería de manera anticipada el fondo del amparo.
Insistió entonces el Tribunal Colegiado:
“Cabe destacar que el argumento de la parte quejosa en torno a que los recursos solicitados son indispensables para su subsistencia y la de su familia, aun si se tuviera por acreditado, no suple el análisis que debe realizarse respecto a los efectos jurídicos de la suspensión. En todo caso, corresponde a la autoridad responsable valorar las solicitudes específicas de uso de fondos para fines determinados, lo cual es compatible con la posibilidad de que se autoricen excepciones dentro del marco de legalidad del aseguramiento.”
De acuerdo con los datos recogidos, la orden de bloqueo se efectuó a propósito de una carpeta de investigación iniciada en el año 2022.
El Juzgado de Distrito ha negado al quejoso la suspensión definitiva del acto que reclama, en tanto que la audiencia para estudiar a fondo el asunto podría celebrarse en unas semanas más.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
