El fiscal general del estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, aseguró que las detenciones realizadas por elementos de seguridad se efectúan con estricto apego a los derechos humanos, al tiempo que advirtió sobre las sanciones por obstruir vías públicas.
Los derechos humanos son principios fundamentales que garantizan la dignidad y la protección de toda persona, incluso durante un proceso de detención, asegurando un trato justo y respetuoso de su integridad física y psicológica.
Díaz Ponce explicó que, previo a la ejecución de cualquier orden de aprehensión, se efectúan investigaciones minuciosas para sustentar las acusaciones en contra de los presuntos responsables, ya sean hombres o mujeres. Una orden de aprehensión es un mandato judicial que autoriza la detención de una persona para llevarla ante la justicia. Las investigaciones minuciosas, por su parte, son procesos de recolección y análisis de pruebas que buscan establecer la probable responsabilidad de un individuo antes de cualquier detención, garantizando así el debido proceso.
Al referirse al reciente caso de una mujer de la tercera edad detenida por su presunta participación en un delito de violación en contra de un menor, el fiscal afirmó que existen pruebas suficientes para sustentar el proceso judicial en su contra. “En este caso, al menor se le practicaron los estudios científicos necesarios para confirmar o descartar el abuso sexual, y los resultados arrojan que hay elementos suficientes para aplicar la ley”, especificó.
Sobre las manifestaciones que se llevan a cabo a las afueras de la Fiscalía General del Estado, Díaz Ponce reconoció que en Nayarit existe libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas manifestar sus ideas y opiniones. No obstante, advirtió que obstruir las vías de comunicación constituye un delito que puede ser sancionado con prisión. “La libertad de manifestarse está garantizada, pero cuando se afecta la movilidad o se bloquean caminos, se incurre en una falta prevista por la ley”, concluyó el fiscal de Nayarit. Este derecho encuentra límites en la ley cuando las acciones, como la obstrucción de vías de comunicación, afectan derechos de terceros o el orden público, pudiendo acarrear consecuencias legales como sanciones o penas de prisión.
