Este viernes 24, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), al igual que la empresa Desarrollo Turístico Lo de Marcos S.A de C.V., y los empresarios Héctor Ramón y Blanca Delia Flores Ibarra, J. Ventura García Monroy, así como Humberto González Barbosa en su carácter de apoderado de la citada compañía, alcanzaron un “acuerdo reparatorio” en que los empresarios regresaron al citado Fideicomiso un predio identificado como Minitas y Venados, en el municipio de Bahía de Banderas, luego de más de dos años de ventilarse una causa penal, y otra que le fue acumulada, por delitos como administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, de la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles.
Héctor Ramón se encontraba vinculado a proceso, más no detenido, mientras que contra Blanca Delia y J. Ventura existían órdenes de aprehensión que ahora han sido canceladas.
González Barbosa acudió al Centro Regional de Justicia Penal en Tepic en compañía de un defensor particular, mismo que también asesoró a los tres imputados, aunque estos tuvieron comunicación a través de medios electrónicos.
Del lado opuesto asistieron dos agentes del Ministerio Público, la titular del FIBBA y tres asesores.
Según la narración de una agente ministerial, el acuerdo reparatorio presentado este viernes ante un juez de Control fue firmado el reciente 13 de octubre en la Unidad de Soluciones Alternas en Materia Penal de la Fiscalía, haciendo mención que las operaciones en Minitas y Venados que fueron materia de investigación iniciaron en el año 2007 -en el gobierno de Ney González Sánchez, que se encuentra prófugo, aunque no fue mencionado-.
Incluso, se explicó, el asunto motivo el expediente 21/2025 ante el Juzgado Segundo Oral Mercantil en Tepic, donde ya es cosa juzgada la cancelación de las respectivas escrituras públicas.
En anteriores trabajos de este reportero sobre el tema, con base en lo dicho en audiencias, se indicó que se trata de algo más de 500 mil metros cuadrados, vendidos en la administración de Ney González a un precio mucho menor al que correspondía en la época de la operación.
La agencia ministerial precisó que el inmueble de Minitas y Venados ya lo tiene nuevamente el FIBBA, por lo que pidió al juez sobreseer la causa penal y la correspondiente extinción de la acción penal, citando el derecho de los imputados al acuerdo reparatorio, por ser la primera vez, además de que el Fideicomiso ya les otorgó el perdón.
Tras la narrativa ministerial, la representación del FIBBA, el defensor particular y los imputados manifestaron estar de acuerdo, revelándose que se han desistido de juicios de amparo que tenían en curso, además de que las órdenes de aprehensión pendientes fueron canceladas.
En suma, el juez de Control validó el acuerdo reparatorio que quedó firme de inmediato puesto que la agencia ministerial, el Fideicomiso, la defensa y los imputados renunciaron a los plazos para interponer algún recurso.
De igual forma, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido impuestas.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
