EL NUEVO DOCUMENTO
En efecto, el reconocido doctor Abel Ortiz Prado. aborpra@hotmail.com Académico y consultor en Gobierno y Administración Pública, nos hizo llegar esta aportación informativa, muy interesante por cierto. Nos dice que la reciente aprobación en México de la CURP biométrica marca un punto de inflexión en la política de identidad ciudadana. “Con esta medida, el gobierno busca centralizar en un solo documento la clave única de registro poblacional junto con datos biométricos —huellas dactilares, reconocimiento facial y del iris— para garantizar seguridad y certeza jurídica”. Sin embargo, en un contexto de débil confianza institucional y antecedentes de filtración de datos -como en los casos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, el IMSS (extravío de semanas cotizadas) y el SAT- la propuesta ha despertado nerviosismo y especulación pública, tanto por su alcance tecnológico como por sus implicaciones éticas y políticas.
MALA ESCALA MEXICANA
Y no es para menos. México ocupa el lugar 59 de 67 países en el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024 (IMD), lo que evidencia rezagos en infraestructura y talento digital. Pero también revela urgencia de acelerar la transformación digital como motor de competitividad y desarrollo. El reto consiste en hacerlo sin sacrificar libertades democráticas consolidando un marco jurídico integral que proteja los datos y garantice los derechos digitales de ciudadanos y empresas. Este debe regular almacenamiento, uso y destrucción de datos personales. Establecer mecanismos de auditoría ciudadana y transparencia tecnológica y Garantizar la interoperabilidad segura entre dependencias públicas. La ausencia de estas bases otorga facultades amplias a autoridades civiles y militares para recabar y consultar datos ciudadanos, sin establecer controles judiciales o ministeriales suficientes. De ahí que el debate siga centrado en una pregunta crucial: ¿se trata de un avance hacia la identidad digital moderna o de un paso hacia la vigilancia estatal? Construir una relación genuina de confianza entre Gobierno y Sociedad es condición indispensable para avanzar hacia un modelo ético y funcional.
NINGUNA NOVEDAD
La implementación de sistemas de identidad biométrica no es nueva. En distintos países se registran resultados tan prometedores como controvertidos. En la India, el sistema Aadhaar -el registro biométrico más grande del mundo- ha enfrentado severas críticas por filtraciones y uso político de la información personal. En Brasil y Argentina: sus padrones biométricos mejoraron la bancarización y la seguridad electoral, aunque persisten problemas de interoperabilidad y garantías de privacidad. En la Unión Europea la biometría solo se admite con consentimiento explícito, finalidad clara y almacenamiento limitado, bajo el principio de autonomía individual. Estonia, país pionero en gobierno digital desde hace más de 25 años, permite a sus ciudadanos realizar prácticamente todos los trámites gubernamentales en línea; —desde votar hasta pagar impuestos o renovar licencias— mediante una identidad digital única. Su modelo se apoya en tecnología blockchain, auditorías independientes, transparencia en el uso de datos, y una fuerte inversión en educación digital. En este ecosistema de confianza, el ciudadano tiene control sobre quien consulta su información, y el uso excepcional de datos con fines policiales está sujeto a los controles judiciales autorizados por el Gobierno. Estos casos demuestran que la eficacia tecnológica no garantiza legitimidad social: los países exitosos en identidad digital son aquellos que han equilibrado innovación con rendición de cuentas.
LA FAMOSA CURP
En México, la CURP se regula desde 1996 a través de la Ley General de Población, pero su evolución hacia un formato biométrico representa un salto cualitativo: la creación de un registro único nacional con datos sensibles, gestionado por el RENAPO y coordinado por la Secretaría de Gobernación. Aunque la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados reconocen el derecho a la privacidad, el país carece aún de una autoridad nacional de identidad digital autónoma, lo que genera dudas sobre quién custodia la información y con qué controles. Los antecedentes de vulneraciones a bases de datos públicas y electorales refuerzan el escepticismo social sobre la capacidad del Estado para garantizar confidencialidad y uso ético. La incorporación de los datos biométricos a la CURP, sumada a la posibilidad de geolocalizar en tiempo real a los ciudadanos registrado conlleva riesgos significativos si no se acompaña de medidas robustas de seguridad y transparencia. Una sola filtración de una base de datos sensibles centralizada podría afectar a toda la población.
¿TODO EN MANOS DEL ESTADO?
La CURP biométrica en un escenario de “digitalización sin contrapesos” nos hace recordar a Montesquieu: sin separación y control de poderes, toda acumulación de información en manos del Estado corre el riesgo de transformarse en instrumento de vigilancia. Esta reforma puede representar un salto hacia la modernización del Estado mexicano o un retroceso hacia la centralización del poder sobre la identidad ciudadana. La diferencia radicará en cómo se implemente y que controles democráticos se establezcan para resguardar la privacidad y los derechos digitales.
VEREMOS Y DIREMOS.
