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Ney y Roberto, saqueadores

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Autoridades federales y de Nayarit confirman la recuperación histórica de 9.6 millones de metros cuadrados, valuados en 50 mil mdp; la FGR mantiene órdenes de aprehensión federales contra el exgobernador Ney González y asegura bienes de Roberto Sandoval

Desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, en conjunto con altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal, presentaron los resultados del Mega Operativo Nuevo Nayarit, una acción coordinada que ha consolidado el rescate patrimonial más grande en la historia del país. 

El operativo, iniciado al comienzo de la actual administración estatal, ha logrado la recuperación de 9 millones 620 mil metros cuadrados de terrenos en las costas de Nayarit. Estos predios, ubicados en las zonas de mayor plusvalía de Bahía de Banderas y Compostela, fueron vendidos o transferidos de manera irregular por las dos últimas administraciones priístas, con un valor estimado de 50 mil millones de pesos. 

La investigación conjunta entre el estado y la federación descifró un entramado de corrupción que operó por 12 años, afectando el patrimonio del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). De acuerdo con las autoridades, se identificaron contratos de comodato, arrendamiento y compraventas ilícitas, así como múltiples simulaciones de actos jurídicos que favorecieron a funcionarios y particulares, vendiendo terrenos con un valor comercial altísimo por costos de hasta 50 pesos el metro cuadrado. 

La Fiscalía estatal inició su investigación el 28 de febrero de 2022, tras una denuncia del FIBBA contra exgobernadores, secretarios de estado, delegados federales y fiduciarios. Dada la magnitud y la implicación de delitos federales, se dio vista a la FGR, consolidando una colaboración que el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, calificó como “sin precedentes”. La investigación, que integra 2 mil 200 tomos con más de 100 mil fojas, requirió el análisis financiero de 359 cuentas bancarias relacionadas con 45 personas físicas y 82 empresas. 

Un punto clave del éxito del operativo fue la estrategia legal para evitar que los crímenes prescribieran, un fracaso que muchos auguraban dada la lejanía de los hechos, que datan desde 2005. El coordinador jurídico del gobierno, Gabriel Camarena, explicó que se demostró ante los jueces que no aplicaba la prescripción.

En materia penal, se argumentó el concepto de “delito continuado”. Se determinó que la administración fraudulenta fue un solo delito que se ejecutó de forma continua desde 2005, con el mismo modus operandi en los comités técnicos del fideicomiso, por lo que el tiempo para perseguirlo no había vencido. 

En materia civil y mercantil, se invocó la “nulidad absoluta”. Se demostró que el 75 por ciento de las operaciones de venta nunca fueron autorizadas por el Comité Técnico del FIBBA, el único órgano con esa facultad. Al estar viciadas de origen y tener un objeto ilícito, esos contratos son nulos de pleno derecho, y la nulidad absoluta, por ley, es imprescriptible. 

Esta doble estrategia legal ha resultado en una eficiencia del 92 por ciento en las acciones judiciales y administrativas emprendidas. La recuperación de los 9.6 millones de metros cuadrados se consolidó a través de 27 rescisiones contractuales, nueve convenios de transacción judicial (con categoría de sentencia firme) y 17 acuerdos reparatorios dentro del sistema penal. 

Durante la rueda de prensa, se confirmó la situación jurídica de dos exgobernadores. La fiscal especializada de control competencial Cristina Reséndiz, en nombre de la FGR, confirmó que se obtuvo una orden de aprehensión federal desde 2023 contra el exgobernador Ney González (2005-2011), quien se encuentra prófugo, y se mantienen líneas de investigación activas en su contra. 

Sobre el exgobernador Roberto Sandoval (2011-2017), quien se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR confirmó que las investigaciones continúan en el Centro Federal de Servicios Periciales y se ha solicitado al Poder Judicial actos de conducción como una orden de aprehensión en contra de Sandoval.

El fiscal de Nayarit confirmó a los reporteros la detención de Carlos “N”, exdirector del FIBBA, recluido desde hace una semana en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza en Tepic.

Navarro Quintero fue enfático al señalar que el patrimonio recuperado no será vendido por ésta ni por futuras administraciones. En su lugar, los 9.6 millones de metros cuadrados se convertirán en el activo fijo del nuevo Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSOB). 

Este fondo operará bajo un “modelo mixto” inspirado en los fondos de inversión de Quebec y Noruega, considerados los más exitosos del mundo. El gobierno aportará la tierra y los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, aportarán el capital para desarrollar proyectos turísticos, residenciales y comerciales. 

Ya hay cuatro proyectos de este tipo en proceso, que representan una inversión de 24 mil millones de pesos. Estos proyectos se ubican en el corazón de Nuevo Nayarit, Sayulita, Lo de Marcos y El Playón. 

El gobernador explicó que el estado recibirá aproximadamente el 18 por ciento de las ganancias de estos desarrollos. Esas utilidades se dividirán con un fin social: el 51 por ciento se destinará a un fondo para obra social, como escuelas, hospitales, caminos y seguridad pública. 

El 49 por ciento restante se inyectará directamente al Fondo de Ahorro Nayarit, el sistema de pensiones de los trabajadores del estado. Navarro Quintero explicó que ésta fue una de las principales motivaciones del operativo, ya que el fondo de pensiones estaba “totalmente desbordado” desde 2015 y la entidad enfrentaba una crisis financiera con deudas al SAT por 2 mil 700 millones de pesos y a la banca por 6 mil 700 millones de pesos. Este modelo, aseguró, permitirá capitalizar el sistema de pensiones y garantizar un retiro digno, sin contraer más deuda pública. 

El gobernador concluyó reconociendo que el operativo ha enfrentado “fuertes presiones”, denuncias falsas e “investidas de intereses particulares”, pero que la acción coordinada con la FGR fue fundamental para lograr un caso de éxito único en el país. “Nayarit no está en venta. Nayarit, su territorio y sus riquezas pertenecen a las y los nayaritas”, afirmó. 

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