“Han prescrito”. Esta ha sido la respuesta instintiva, la cantaleta del escepticismo, ante cada anuncio del Mega Operativo Nuevo Nayarit. La idea de que las acciones legales para recuperar casi mil hectáreas de valioso terreno turístico, sustraídas del patrimonio estatal entre 2005 y 2017, chocarían inevitablemente con el muro del tiempo. El tiempo a favor de los que delinquen.
Sin embargo, en la reciente conferencia conjunta en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno de Nayarit presumió la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados y detalló el mecanismo jurídico que, aseguran, ha hecho irrelevante el calendario.
La duda central fue planteada directamente por este reportero al consejero jurídico del gobierno estatal, Gabriel Camarena Morales. Si las operaciones fraudulentas iniciaron en 2005, involucrando al exgobernador Ney González (2005-2011), y continuaron bajo la administración de Roberto Sandoval (2011-2017), ¿cómo es que se logró salvar el asunto de la prescripción?
La respuesta de Camarena desglosó una estrategia legal de dos vías, una penal y otra civil-mercantil, diseñada para neutralizar la principal defensa de los implicados: el delito continuado
En el ámbito penal, el argumento de la defensa sobre la prescripción se basa en contar el tiempo desde que se cometió el delito. Si un terreno se vendió fraudulentamente en 2006, un cálculo simple sugeriría que la acción penal ha expirado.
No obstante, Camarena explicó que la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la FGR no abordaron esto como actos aislados, sino como un “delito continuado”.
“Al ser una administración fraudulenta desde su inicio […] siempre fue el mismo modus operandi“, detalló Camarena. Describió una “comparsa” que operó “de 2005 a 2011, sucesivamente”, donde el nombramiento de directores del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) y las actuaciones de los comités técnicos seguían un guion para saquear el patrimonio.
Bajo la figura del “delito continuado”, la ley no considera que el delito se consuma en un solo instante, sino que sus efectos y ejecución se prolongan en el tiempo. El plazo de prescripción no empieza a contar sino hasta que cesa el último acto.
“Se cuidó mucho […] analizar la prescripción penal”, afirmó el consejero. “Finalmente se logró convencer jurídicamente a los jueces federales de control, [y] estatales de control, para determinar por qué no había la prescripción por […] la forma del delito”.
Si la estrategia penal fue técnica, la estrategia civil-mercantil, que es la que recupera la propiedad, fue contundente. Aquí, el gobierno invocó una figura legal donde el tiempo no corre: la “nulidad absoluta”.
Camarena explicó que un contrato (como la venta de un terreno) es nulo de forma absoluta, (es decir, nunca existió legalmente), por dos razones principales: la falta de consentimiento del dueño o un objeto ilícito.
El equipo jurídico, tras analizar las 2 mil 200 fojas de la investigación, determinó que el “órgano supremo” y único facultado para autorizar ventas de los terrenos del FIBBA era su Comité Técnico.
“De los trabajos que se hicieron de todas las sesiones del Comité Técnico desde 2005 pudimos determinar que los comités técnicos del FIBBA no habían autorizado en muchos de los casos”, reveló Camarena, estimando que hasta el 75 por ciento de las operaciones fraudulentas carecían de esta autorización indispensable.
Al no existir el consentimiento legal del dueño (el Comité Técnico del FIBBA), esas ventas estaban viciadas de “nulidad absoluta”.
Aquí radica el golpe maestro de la estrategia: “El Código Civil Federal [y] el estatal [establecen que] las nulidades absolutas no prescriben”, sentenció Camarena.
En resumen, el argumento del gobierno ante los jueces civiles no es “queremos revertir una venta de 2006”, sino “esa venta de 2006 nunca existió legalmente”. Bajo esta óptica, el Estado no está recuperando una propiedad, sino declarando que dicha propiedad nunca salió de su patrimonio.
Esta doble estrategia es la que, según las autoridades, ha permitido un 92 por ciento de eficiencia en las acciones legales, logrando 27 rescisiones contractuales, 9 convenios de transacción judicial y 17 acuerdos reparatorios en el ámbito penal.
El operativo, que involucró a los exgobernadores González y Sandoval, secretarios de estado, delegados federales y particulares, se centró en el delito de peculado y en una red de delitos federales como operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, investigados por la FGR.
Mientras los escépticos contaban los años en el calendario, el equipo jurídico de Nayarit parece haber encontrado en los códigos civiles y penales las herramientas para detener el reloj.
