La perforación de pozos sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la posterior comercialización del recurso, una práctica conocida como “huachicoleo de agua”, puede alcanzar multas de hasta tres millones de pesos. Estas acciones derivan en procesos judiciales por faltas graves, como carecer de una concesión oficial o de un medidor, y el monto final de la sanción depende del volumen extraído y del uso que se le dé.
El director local de la CONAGUA, Gerardo Leyva Álvarez, informó que esta práctica se ha detectado en diversas zonas del estado. “Se han identificado pozos en la zona sur de Nayarit, más en la zona turística Bahía de Banderas, Compostela, al igual que en la zona norte, la parte de Tuxpan, Ruíz, donde muchas veces se aprovechan de los pozos clandestinos extraen el agua y la venden”, detalló. Informó que en los últimos meses ya se han clausurado “alrededor de 3 pozos que hemos identificado”.
Las consecuencias de estas extracciones ilegales van más allá de lo económico. El impacto ambiental es significativo, ya que al no existir un registro de ese consumo, la CONAGUA pierde la capacidad de detectar a tiempo problemas de escasez o estrés hídrico en las regiones afectadas.
El funcionario explicó que los pozos más problemáticos son los perforados a gran profundidad, que llegan a escarbar hasta 100 metros. “Donde se extraen mucho volumen de agua, estos pozos sí afectan directamente a los niveles de mantos acuíferos y generan falta de disponibilidad de agua”, afirmó.
Si bien en comunidades rurales es común que las familias cuenten con pozos para uso doméstico, la CONAGUA les exhorta a regularizarse. Se aclaró que el trámite es sencillo y el costo es simbólico, pero es fundamental para que las autoridades cuenten con cifras reales sobre la extracción y puedan diseñar políticas de conservación y aprovechamiento sostenible del recurso.
