Los diputados de la Trigésima Cuarta Legislatura de Nayarit aprobaron ayer reformas al Código Penal del estado para incrementar las penas por los delitos de violación y violencia familiar, buscando fortalecer la protección de las víctimas.
Entre las modificaciones aprobadas, destaca que quien ejerza violencia familiar será sancionado con penas de cuatro hasta nueve años de prisión y multas superiores a 60 mil pesos. El agresor también podría perder derechos como la patria potestad, que es el conjunto de deberes y derechos que los padres tienen sobre los hijos no emancipados, así como la tutela o el derecho a los alimentos. Si la violencia se ejerce contra la mujer por razones de género, la pena aumenta de cinco hasta 11 años de prisión.
Para el delito de violación, las reformas establecen que en Nayarit se castigará con 15 hasta 25 años de prisión en casos generales. En situaciones agravadas, la pena podría ser de 20 hasta 35 años de prisión. Estas modificaciones a los artículos 293, 294 y 311 del Código Penal buscan asegurar que las víctimas sean escuchadas y que los agresores reciban castigos proporcionales, con un enfoque en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En la misma jornada legislativa, los legisladores locales también votaron a favor de remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado. Este procedimiento es un mecanismo judicial que permite al imputado obtener una reducción de la pena a cambio de aceptar su responsabilidad, agilizando el proceso judicial y beneficiando la eficiencia del sistema de justicia. La propuesta busca fortalecer la justicia y asegurar que las penas sean proporcionales.
Las iniciativas que dieron origen a estas reformas al Código Penal y la propuesta sobre el procedimiento abreviado fueron presentadas al Congreso local por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Adicionalmente, se aprobó una reforma a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece que las sesiones de cabildo deberán ser públicas y transmitidas en vivo, promoviendo la transparencia en la gestión local.
Finalmente, el Congreso también dio su aval a ocho Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2026 correspondientes a los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Rosamorada, Huajicori, Jala, Ruiz y La Yesca. Asimismo, se ratificó al presidente propietario y a la presidenta suplente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), y al titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del Gobierno del Estado.
