En Nayarit, la violencia familiar ha mostrado una disminución del 19.5 por ciento en el presente año, con mil 744 carpetas de investigación iniciadas hasta la fecha. Esta cifra contrasta con las 2 mil 169 registradas en el mismo periodo del año pasado, según reportes de incidencia del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La reducción en los casos también se observa en el ámbito de la salud. El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 49, del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025, indicó ocho nuevas hospitalizaciones por violencia familiar en Nayarit. Con esto, el acumulado anual asciende a 355 casos (73 registrados como hombres y 282 como mujeres), lo que representa una baja cercana al 22 por ciento en comparación con 2024.
A pesar de estos indicadores de descenso, la violencia familiar sigue siendo un desafío social que demanda atención constante, prevención y un seguimiento institucional riguroso. Este tipo de violencia, que puede manifestarse de diversas formas como física, psicológica, sexual o económica, tiene un impacto significativo en la cohesión social y el bienestar de las familias afectadas.
En este contexto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edgar Román Salazar Carrillo, informó que el Poder Judicial ha registrado más de mil 200 asuntos relacionados con violencia familiar en lo que va del año, de los cuales 120 se concentraron únicamente en los últimos quince días. Señaló que, pese a la carga de trabajo, la implementación del nuevo sistema de oralidad penal ha permitido agilizar los procesos judiciales, evitando que los juicios se prolonguen y garantizando una atención más oportuna para las víctimas.
Asimismo, el titular del TSJ subrayó que, aun durante el próximo periodo vacacional, la atención en materia penal no se suspenderá. Precisó que las órdenes de aprehensión continuarán ejecutándose y que las medidas de protección deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas, al tratarse de acciones prioritarias para salvaguardar la integridad de las personas afectadas, independientemente de que el personal judicial se encuentre o no en periodo de descanso.
