Las recientes publicaciones en medios nacionales como Proceso y Excélsior que cuestionan el Operativo Nuevo Nayarit y acusan al Gobierno del Estado de un supuesto despojo institucional no surgieron de manera espontánea. De acuerdo con antecedentes judiciales y con investigaciones periodísticas publicadas desde hace más de una década, detrás de esa ofensiva mediática aparece el empresario inmobiliario tapatío Héctor Cárdenas Curiel, conocido como El Baby, identificado como socio estratégico y presunto prestanombres del exgobernador Ney González Sánchez.
La paradoja es que la propia revista Proceso, en un reportaje publicado apenas en 2025, describió a Cárdenas con esos términos y lo vinculó a fraudes millonarios cometidos contra el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), señalándolo como uno de los actores centrales en la red de litigios que han pretendido obstaculizar la recuperación del patrimonio estatal en zonas turísticas Bahía de Banderas y Compostela conocidas como Riviera Nayarit. En textos posteriores, sin embargo, el mismo medio retomó la versión promovida por su defensa legal, presentándolo como empresario afectado por las acciones del gobierno estatal.
El historial de denuncias y escándalos por fraudes millonarios
Los señalamientos contra Héctor Cárdenas no son recientes. Desde 2011, blogs de denuncia ciudadana ya advertían sobre proyectos inmobiliarios fallidos, conflictos con inversionistas, deudas impagadas y disputas legales recurrentes, reflejando una percepción pública negativa que con el paso del tiempo terminó coincidiendo con procesos judiciales formales.
En septiembre de 2013, se reportó la detención de Cárdenas en la Ciudad de México por una orden de aprehensión librada en Jalisco, derivada de un presunto fraude que alcanzó hasta 75 millones de dólares, reclamado por el fondo de inversión Lion Mexico Consolidated LP. La denuncia señalaba incumplimiento de créditos, uso de documentación presuntamente falsificada y un intento de cancelar hipotecas mediante firmas cuestionadas, hechos que motivaron su traslado al penal de Puente Grande.
Un año después, en 2014, medios nacionales documentaron nuevas detenciones y reaprehensiones por fraudes millonarios. En ese contexto, Cárdenas buscó relacionarse con el entonces gobernador Roberto Sandoval y con su fiscal Edgar Veytia, con la intención de mantener control y protección sobre proyectos inmobiliarios en la Riviera Nayarit. Sin embargo, fue evidente que Sandoval y Veytia operaban sus propios intereses en la zona turística, lo que derivó en una ruptura. El desenlace fue que El Baby terminó encarcelado y posteriormente se declaró víctima de tortura durante su detención, versión que él mismo difundió y que desde entonces forma parte de su discurso recurrente para presentarse como perseguido por el poder.
FIBBA, Punta Raza y la disputa por millones de metros
Las causas que hoy colocan nuevamente a Héctor Cárdenas Curiel El Baby en el centro del debate público se relacionan con operaciones realizadas durante el sexenio de Ney González, entre 2005 y 2011, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas. Diversas investigaciones periodísticas han señalado a Cárdenas como operador empresarial cercano, socio y presunto prestanombres del exgobernador, beneficiado por ventas y cesiones de terrenos que hoy son materia de investigación penal y administrativa.
En agosto de 2022, NTV+ documentó una disputa entre el Gobierno de Nayarit y Héctor Cárdenas por más de tres millones de metros cuadrados en Punta Raza, uno de los predios de mayor valor turístico de Bahía de Banderas y parte del FIBBA. El reporte señaló que la administración estatal impugnó la validez de los títulos de propiedad en favor de Cárdenas, al considerar que podrían existir irregularidades en la transferencia de esos bienes, iniciando un pleito en instancias agrarias y civiles.
Ese conflicto se convirtió en uno de los ejes del Operativo Nuevo Nayarit, enfocado en la recuperación de patrimonio estatal. En febrero de 2024, se informó que un Juzgado de Distrito negó el amparo promovido por Cárdenas, dejando vía libre para la ejecución de una orden de aprehensión al considerar acreditado el riesgo de sustracción de la justicia, dentro de una carpeta penal vinculada a operaciones del FIBBA.
Durante 2025, NTV+ documentó que abogados y apoderados legales relacionados con empresas del FIBBA faltaron reiteradamente a audiencias de imputación, confirmando que las investigaciones no se concentran en una sola persona, sino que abarcan a una red más amplia de exfuncionarios, intermediarios y beneficiarios. En ese contexto, Ney González mantiene orden de aprehensión vigente y es considerado prófugo de la justicia.
Abogados, litigio mediático y contradicción editorial
En los litigios más recientes, Héctor Cárdenas Curiel El Baby ha sido representado por los abogados Joel Marín García, Cristian González Puig e Iván Mercado Michel, este último identificado por medios locales como apoderado legal clave en la relación jurídica entre Ney González y Cárdenas. Marín García se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de diversos delitos, situación que la defensa ha intentado presentar públicamente como persecución.
Autoridades estatales han reiterado que las órdenes de aprehensión y la prisión preventiva son decisiones judiciales, no del Ejecutivo, y que las carpetas de investigación se sustentan en documentos notariales, avalúos, operaciones financieras y resoluciones judiciales.
En este contexto se publicaron, primero, el reportaje de Proceso en 2025 que señaló a Cárdenas como socio estratégico y presunto prestanombres de Ney González, y después textos posteriores del mismo medio y de Excélsior que retomaron la versión de Cárdenas como empresario afectado, omitiendo esos antecedentes. Para el Gobierno de Nayarit, esa divergencia evidencia una estrategia de litigio mediático impulsada por actores con procesos penales abiertos, que buscan trasladar la disputa jurídica al terreno de la opinión pública.
La disputa por la Riviera Nayarit ya no se libra únicamente en los tribunales, sino también en los medios nacionales, mientras los procesos judiciales continúan su curso para determinar la legalidad de las operaciones realizadas durante las administraciones de Ney González y Roberto Sandoval para seguir rescatando el patrimonio estatal.
