Antonio Ramírez Domínguez, dirigente de los choferes del transporte público, defendió la urgencia de un incremento de dos pesos en la tarifa, explicando que los ingresos actuales son insuficientes para costear el mantenimiento y las mejoras de las unidades. Esta situación, detalló, persiste a pesar de las constantes quejas de los usuarios sobre las condiciones de los vehículos.
Ramírez Domínguez señaló que, aunque los pasajeros manifiestan su descontento por el deterioro de los camiones, desconocen la realidad financiera que enfrentan los permisionarios —los propietarios de las concesiones y las unidades—. Con una recaudación diaria de apenas 4 mil pesos por unidad y tras cubrir el sueldo del conductor, el remanente es mínimo, imposibilitando la inversión en refacciones y mejoras.
El líder transportista ejemplificó el elevado costo de los insumos, indicando que cada llanta puede oscilar entre 5 y 8 mil pesos, y otras refacciones también han incrementado significativamente su precio. Esta realidad obliga a los permisionarios a solventar reparaciones mecánicas con dinero de su propio bolsillo para evitar que las unidades dejen de operar. Por ello, el aumento solicitado serviría apenas para “medio mejorar” la situación y brindar un mayor mantenimiento a los vehículos.
Actualmente, las unidades ofrecen el servicio en “condiciones medianas”, es decir, son funcionales pero distan de estar en estado óptimo. Ramírez Domínguez atribuyó parte del deterioro al vandalismo por parte de algunos usuarios, principalmente jóvenes que, a pesar de beneficiarse de descuentos, rayan o rompen los asientos. “Nosotros diario lavamos y limpiamos muy bien nuestros camiones, pero al otro día los jóvenes se encargan de rayar o romper los asientos y eso sale caro”, lamentó, aludiendo a que los padres de familia a menudo ignoran estos actos.
Respecto a la posibilidad de eliminar los descuentos a grupos vulnerables, aclaró que la preocupación no radica en aquellos que legítimamente los requieren, sino en la aparición de “pseudo estudiantes” con credenciales apócrifas. Estos individuos solicitan el descuento, y los choferes no pueden negarlo por temor a sanciones, lo que genera una pérdida significativa de ingresos para los permisionarios.
Ante esta situación, exigió a las autoridades la implementación de un proceso de credencialización —la emisión de identificaciones oficiales y verificables para estudiantes y otros grupos con derecho a tarifa preferencial—, que, según recordó, fue prometido para septiembre del año pasado y aún no se ha concretado. Esta medida, aseguró, evitaría el fraude y garantizaría que los descuentos beneficien a quienes realmente lo necesitan. Además, reveló que algunos choferes están solicitando la instalación de cámaras al interior de los autobuses, con el fin de registrar y disuadir los actos de vandalismo y tener evidencia ante las quejas sobre el “mal servicio”.
