La presidenta municipal de Tecuala, Nayarit, continúa sin dar la cara ante la denuncia pública por discriminación laboral presentada por Jesús Salvador Espericueta Cebreros, joven con discapacidad conocido como “Chuyín”, quien asegura haber sido despedido del Ayuntamiento hace más de un año, tras una década de servicio, sin recibir indemnización ni una respuesta formal de la autoridad.
Desde que el caso se hizo público, la alcaldesa Nora Lilia Burgara Alarcón no ha emitido postura oficial ni ha atendido personalmente a la familia del ex trabajador, pese a los reiterados intentos de su madre, María Evelia Cebreros Martínez, por ser escuchada. La mujer acusa a la alcaldesa de actuar con inhumanidad y de burlarse de la situación de su hijo al ignorarlos sistemáticamente.
Chuyín, psicólogo educativo y persona con discapacidad, inició su labor en el Ayuntamiento de Tecuala durante el gobierno de Lucio Santana, desempeñándose en el área de nómina de la Tesorería Municipal. Durante diez años prestó sus servicios en distintas áreas del gobierno local, hasta que fue separado de su cargo por la actual administración encabezada por Burgara Alarcón.
Desde su despido, el joven ha solicitado ser reinstalado o, en su defecto, recibir una liquidación conforme a la ley. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha ofrecido solución alguna ni ha entablado diálogo con la familia, lo que los obligó a recurrir a la denuncia pública como única vía para exigir justicia.
La exposición mediática del caso provocó reacciones inmediatas fuera del gobierno municipal. Abogados de un despacho jurídico, tras conocer la situación a través de NTV+, contactaron a Chuyín y a su madre para ofrecerles apoyo legal, con el objetivo de defender sus derechos laborales y llevar el caso ante las instancias correspondientes.
Asimismo, la secretaria del Trabajo del Gobierno de Nayarit, Rubicela Nava, declaró que pedirá cuentas al Ayuntamiento de Tecuala por este caso, lo que abre la posibilidad de una intervención estatal ante un posible despido injustificado y un presunto acto de discriminación por condición de discapacidad.
Mientras crece la presión social y otras instancias comienzan a reaccionar, la presidenta municipal de Tecuala permanece en silencio. Su omisión, lejos de apagar la inconformidad, ha reforzado la percepción ciudadana de un gobierno insensible y distante, incapaz de responder con humanidad y responsabilidad frente a un caso que exhibe el trato que reciben los sectores más vulnerables bajo su administración.
