Amanda Magaly Jáuregui Ríos, quien encabeza la Defensoría Pública en el estado, advierte sobre un incremento en las tácticas para presentar insolvencias ficticias ante los tribunales familiares. El traspaso de bienes inmuebles a terceros y la renuncia deliberada a empleos formales son las maniobras más recurrentes detectadas por la institución. Estas estrategias buscan reducir al mínimo el monto de las pensiones alimenticias, afectando directamente el sustento de los menores.
Ante la simulación de desempleo, el marco legal estatal permite a los jueces determinar pagos obligatorios basados en el salario mínimo vigente. Esta herramienta administrativa asegura que la responsabilidad económica del progenitor no dependa de su voluntad de declarar ingresos reales. La medida busca neutralizar los vacíos que los deudores intentan aprovechar mediante la ocultación de sus activos financieros y laborales.
El impacto de estas conductas se refleja en la carga operativa de la Defensoría, donde los asuntos familiares concentran el 80% de los expedientes nuevos cada semana. De un promedio de 80 casos recibidos en siete días, la gran mayoría corresponde a litigios por alimentos, custodias y convivencias. Los registros institucionales muestran que casi la totalidad de estas solicitudes son promovidas por mujeres, con una presencia masculina inferior al 1%.
La respuesta de la autoridad se ha extendido hacia las zonas habitacionales mediante brigadas de asistencia jurídica gratuita denominadas “Latiendo en tu colonia”. El objetivo es dotar de representación legal a las madres que no cuentan con recursos para enfrentar juicios prolongados contra deudores que ocultan su patrimonio. Esta proximidad busca agilizar procesos de divorcio y asegurar que la patria potestad se ejerza bajo condiciones de equidad económica.
La vigilancia sobre el cumplimiento de estas obligaciones se mantiene como un eje central en la agenda de justicia social de Nayarit. Jáuregui Ríos subraya la importancia de que las afectadas agoten todas las instancias legales a pesar de las maniobras procesales de la contraparte. El compromiso de la institución es garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalezcan sobre cualquier estrategia de evasión patrimonial.
