El derecho de las personas pertenecientes a pueblos originarios a contar con una defensa legal en su propia lengua es una prioridad operativa para el Instituto de Defensoría Pública. Amanda Magaly Jáuregui Ríos, titular de la dependencia, señaló que la institución ha consolidado acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y diversos profesionistas para asegurar la presencia de traductores en los procesos judiciales. Esta infraestructura busca eliminar las barreras idiomáticas que vulneran el acceso a la justicia.
Para la atención de la comunidad wixárika, la defensoría cuenta con personal especializado y el apoyo directo de la licenciada Blanca Cánare, experta en materia de pueblos indígenas. A través de este vínculo, se facilita la asistencia de traductores en variantes lingüísticas como el cora, huichol y tepehuano. Esta red de profesionistas asegura que cada etapa del proceso legal sea comprendida íntegramente por los imputados o solicitantes de servicios jurídicos.
La colaboración institucional se extiende a operativos específicos dentro del sistema penitenciario federal para atender a la población interna que pertenece a grupos étnicos. Jáuregui Ríos detalló que se han realizado jornadas de asistencia al interior del CEFERESO, donde el personal del instituto es acompañado de traductores certificados. Estas visitas garantizan que los internos reciban asesoría técnica sobre su situación jurídica bajo los estándares de respeto a sus usos y costumbres.
La labor de la Defensoría Pública busca proyectar su capacidad de atención hacia las comunidades más alejadas del estado. La integración de traductores en las jornadas de trabajo permite una comunicación fluida y transparente entre el defensor y el representado. La estrategia institucional se enfoca en que la identidad cultural de los ciudadanos no sea un impedimento para recibir una defensa técnica adecuada y profesional.
Finalmente, el instituto reafirmó su compromiso de mantener vigentes los convenios con el INPI para la actualización constante de su padrón de peritos traductores. La asistencia jurídica gratuita se complementa así con una visión de inclusión que reconoce la diversidad lingüística de Nayarit. El objetivo central es salvaguardar los derechos humanos de los integrantes de pueblos originarios mediante un acompañamiento legal que sea, ante todo, culturalmente pertinente.
