Académicos, juristas, activistas y ciudadanos en México han conformado el Frente Amplio Democrático (FAD), una iniciativa cuyo objetivo principal es impedir la reforma electoral propuesta por la administración actual, argumentan que representa serios riesgos para la estabilidad institucional y el pluralismo político en el país. Este anuncio se produce en medio del debate por la propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará este mes para su discusión en el Congreso de la Unión.
El colectivo, que hizo público un manifiesto firmado por sus integrantes, entre los que destacan el exmandatario Vicente Fox y el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que la propuesta legislativa carece del consenso necesario entre las fuerzas políticas. Advierten que, de aprobarse en sus términos actuales, podría derivar en una “regresión autoritaria”. El Frente Amplio Democrático (FAD) surge como una plataforma de convergencia de diversos sectores para influir en el proceso legislativo.
Según el frente, México experimentó una transición hacia la democracia gracias a un esfuerzo prolongado de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre las fuerzas políticas, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía. Sin embargo, subrayaron que este método democrático ha sido “desplazado desde el poder”. El INE, organismo autónomo encargado de organizar las elecciones, es una de las instituciones que podría ver modificadas sus funciones y estructura con la reforma.
Ante este panorama, el grupo convoca a la conformación de este frente con el propósito de “evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral en cualquier etapa del proceso legislativo”. Subrayaron que la razón principal de su existencia es “no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación”. En el manifiesto, el colectivo afirmó no pertenecer a ningún partido o ideología, y se constituye contra prácticas que ponen en riesgo los equilibrios democráticos.
Asimismo, el FAD delineó las condiciones que considera indispensables para la discusión de una reforma electoral: autoridades y tribunales autónomos e imparciales; elecciones libres, equitativas y competitivas; el robustecimiento de la noción de la ciudadanía, promoviendo su participación informada y consciente; así como una representación legítima que sea proporcional al voto, la prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación (donde un partido obtiene más escaños de los que le corresponden por su porcentaje de votos) y el respeto al pluralismo político y los límites constitucionales. Convocaron a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes y partidos políticos con vocación democrática a sumarse a su esfuerzo.
En contraste, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró en días pasados que se buscará una reforma electoral “con todos”. Ante la pregunta sobre si el proyecto avanzaría aun sin el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la funcionaria respondió: “Sí habrá, con todos”. Esto lo declaró a su salida de una reunión con diputados de Morena, con motivo de la cuarta plenaria.
El 27 de enero pasado, Morena y sus aliados firmaron un compromiso para mantener y profundizar su coalición rumbo a las elecciones de 2027, con la intención de reducir la tensión por sus diferencias en torno a la reforma electoral. Dicha reforma, que impactará en el desarrollo de los próximos comicios, tendría que estar vigente tres meses antes del inicio del proceso electoral, es decir, en mayo próximo. Hasta el momento, y según representantes del PT y PVEM, no existe un documento formal que delinee la iniciativa, a pesar de las mesas de negociación que mantienen con la comisión presidencial.
