Las frías cifras de repatriación desde Estados Unidos han encendido las alarmas en el tablero social de Nayarit. Desde que la administración de Donald Trump endureció los protocolos fronterizos, aproximadamente 25 mil nayaritas han sido devueltos a territorio nacional. Este volumen de personas representa un reto de reintegración que va más allá de la asistencia consular, impactando directamente en la demanda de servicios y empleo en sus comunidades de origen.
“El mes de octubre fue particularmente crítico en cuanto al flujo de retornos”, señaló Nayar Mayorquín, quien encabeza la representación de la Secretaría de Gobernación en el estado. El funcionario puso el dedo en la llaga al mencionar que muchos de estos ciudadanos no logran llegar a sus hogares en la sierra o la costa, optando por quedarse en la franja fronteriza. Esta decisión los convierte en una población invisible para los censos locales, pero latente en la estadística de intentos fallidos por cruzar nuevamente.
La falta de un rastreo efectivo tras el cruce de la frontera genera un vacío institucional difícil de llenar. Si el retornado no se presenta en su municipio para reclamar apoyos, los programas de salud y empleo se quedan en el papel. La federación admite que el rastro se pierde en el camino, lo que impide que los recursos destinados a la reintegración productiva lleguen efectivamente a quienes han perdido su patrimonio en el extranjero.
El impacto económico en las zonas rurales es palpable. Estos 25,000 ciudadanos regresan a un Nayarit que debe ofrecerles alternativas inmediatas para evitar que el ciclo de la migración ilegal se reinicie por desesperación. Las autoridades federales buscan ahora una alianza con los alcaldes para crear un padrón de “talento retornado”, intentando que la experiencia laboral adquirida en el norte se traduzca en emprendimientos locales bajo esquemas de financiamiento social.
A pesar de la adversidad, la postura oficial es de respeto irrestricto a los derechos de estos mexicanos. No se trata solo de recibir deportados, sino de recuperar ciudadanos con plenos derechos que puedan reinsertarse en la vida pública. Mientras la presión política en Washington no ceda, el flujo de nayaritas hacia el sur seguirá siendo una constante que obligará a la administración estatal a rediseñar su presupuesto de atención a migrantes.
