La estructura del Poder Judicial en Nayarit experimentó un movimiento administrativo de relevancia. En el marco de la supervisión de órganos públicos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local oficializó la vacante en el juzgado que hasta hace poco presidía la jueza Amalia Martínez Martínez. Esta medida se inscribe en los procesos habituales de revisión y actualización de las plazas dentro del sistema penal acusatorio.
La declaratoria recibió el respaldo de la mayoría parlamentaria tras la presentación del dictamen técnico, según confirmó Marisol Contreras, presidenta de la comisión legislativa. La urgencia de la resolución radica en la necesidad de evitar rezagos en las causas penales que se ventilan en dicho juzgado. La continuidad en la administración de justicia es un principio constitucional que no puede verse interrumpido por la ausencia de un titular en el estrado.
Para cubrir este espacio, los legisladores no tendrán que iniciar un proceso de búsqueda extenso, pues ya existe una hoja de ruta definida por la carrera judicial. En la lista de prelación institucional, el documento que jerarquiza a los aspirantes por méritos y exámenes, sobresale el nombre de Osvaldo López Carvajal. Él es el perfil perfilado para asumir la titularidad, asegurando que el relevo mantenga el rigor técnico que el cargo demanda.
El calendario para la transición es corto: se prevé que el nuevo juez tome protesta antes de que finalice febrero. Mientras el trámite legislativo concluye, las audiencias programadas no se han detenido gracias a un esquema de suplencias temporales. Esta estabilidad es vital para garantizar que los derechos de las víctimas y de los imputados no se vean vulnerados por la transición administrativa en la sede judicial.
Este movimiento es parte de una reingeniería más amplia que busca fortalecer la transparencia en los tribunales nayaritas. Al hacer públicas estas vacantes y seguir estrictamente las listas de méritos, el Congreso intenta blindar a la justicia de intereses políticos. La renovación del juzgado penal marca un paso hacia la consolidación de un sistema acusatorio más robusto, capaz de responder con celeridad a las demandas de justicia en la entidad.
