Si bien ―como alguna vez me comentó el Lic. Óscar Herrera cuando era Presidente de la CDDH Nayarit― los Organismos Públicos de Derechos Humanos [cuando operan con relativa autonomía], desempeñan un rol equilibrante entre los funcionarios públicos y la ciudadanía, los Organismos de la denominada Sociedad Civil ―cuyo “objeto social” está relacionado con el reconocimiento, la defensa y con el cumplimiento de los derechos humanos― suelen gozar de una mayor autonomía en relación con el poder político [aunque no siempre la tengan con relación a otros “poderes fácticos”].
En días recientes, se publicó el Informe 2026 de “Human Rights Watch”, en el cual se pueden encontrar, además del editorial de su Director General, una serie de informes de carácter nacional, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el que se refiere a nuestro país.
El Editorial de Philippe Bolopion, su Director Ejecutivo lo encabeza una pregunta clave: “¿Sobrevivirán los derechos humanos a un mundo trumpiano?”, la cual viene acompañada por un subtítulo: “Los avances autoritarios amenazan el orden basado en normas”, los cuales muestran la condición actual del tema de los derechos humanos en el mundo.
El contenido de dicho editorial centra su atención en las acciones desplegadas ―interna y externamente― durante el primer año del segundo periodo de la presidencia de Donald Trump, las cuales tienen tal relevancia que le llevan a afirmar que el año 2025 podría entenderse como un punto de inflexión porque “la Administración Trump ha impulsado una ofensiva amplia contra pilares clave de la democracia estadounidense y del orden global basado en normas, que Estados Unidos, pese a cierta falta de congruencia, ha sido fundamental para que se estableciera”.
“En poco tiempo, el segundo mandato de Trump ha mellado la confianza en la inviolabilidad de las elecciones, disminuido la rendición de cuentas gubernamental, aniquilado la asistencia alimentaria y los subsidios a la atención de la salud, atacado la independencia judicial, desobedecido órdenes judiciales, deshecho avances en los derechos de las mujeres, obstruido el acceso a la atención del aborto, socavado las reparaciones por daños raciales, cancelado programas que establecían la accesibilidad para personas con discapacidad, castigado la libertad de expresión, despojado de protecciones a las personas trans e intersexuales, erosionado la privacidad y usado el poder gubernamental para intimidar a opositores políticos, medios de comunicación, estudios de abogados, universidades, la sociedad civil e incluso a humoristas.”
Y, en cuanto a las acciones a nivel global, hace un recorrido que le conduce a la manera de manejar el tema de la inmigración; al retiro de su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud; a las sanciones aplicadas a organizaciones palestinas de derechos humanos y al personal de la Corte Penal Internacional; al apoyo incondicional a Israel a pesar de sus crímenes de lesa humanidad y a la minimización de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por los rusos en Ucrania.
Ahora bien, el foco de atención en las acciones del presidente norteamericano no es obstáculo para que incluya a China y Rusia como otros dos actores relevantes en la puesta en riesgo del sistema mundial de derechos humanos, desde el primer párrafo de su editorial:
“El sistema mundial de derechos humanos está en peligro. Bajo la presión implacable del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el embate incesante por parte de China y Rusia, el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos, y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado las defensoras y los defensores de derechos humanos para avanzar normas y proteger libertades.”
Y esta responsabilización de las “tres grandes potencias” en esta amenaza al orden basado en normas, tampoco le impide a Philippe Bolopion reconocer las violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos y afirmar que, en años recientes, liderazgos autoritarios se han apoyado en la indignación ante esas violaciones para llegar al poder y desmantelar las instituciones que les llevaron ahí.
En esa dirección, precisamente, va el Informe dedicado a nuestro país, ilustrado con una fotografía de los zapatos descubiertos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jal.
En el equivalente a ocho cuartillas, el informe aborda diversas temáticas de derechos humanos, en las que destaca el acento en las violaciones a derechos humanos bajo un marco general en que se afirma que Claudia Sheinbaum, “la primera mujer en ocupar la presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el ejército” y que “su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, presidió un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho”.
En cuanto a los temas de seguridad y violencia criminal, resalta las 1,800 personas asesinadas en el Estado de Sinaloa, el asesinato de dos asesores de la Jefa de Gobierno de la CDMX, la detención del ex Secretario de Seguridad de Tabasco y el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan…
En relación con el acceso a la justicia, además de sostener que la reforma judicial “podría socavar gravemente la independencia judicial”, inicia con una expresión contundente: “La impunidad sigue siendo generalizada”; sosteniendo que los fiscales solo resuelven “uno de cada diez homicidios intencionales” y que “en muchos casos [lo hacen] con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”.
Otro tema abordado con relativa amplitud es el de las desapariciones en donde destaca el dato oficial de 130,000 personas desaparecidas, llama la atención acerca del hecho de que “Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia” y hace mención del descubrimiento de Teuchitlán y el examen que por primera vez ha iniciado el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para determinar si la desaparición forzada en México es “generalizada o sistemática”.
En dos apartados más, el Informe sobre México se refiere al cierre del Instituto Nacional de Transparencia y la transferencia de sus competencias a una agencia gubernamental que habría limitado el acceso a la información pública y a nuestro país como “uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas” y “para los defensores de derechos humanos”…
Y prosigue con el tema de violaciones en relación con la migración y la solicitud de asilo, con los derechos de las mujeres y las niñas, con los asuntos de orientación sexual e identidad de género, con los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad, en donde reconoce las modificaciones constitucionales que garantizan, en ambos casos, el derecho a pensiones no contributivas…
