Especial para Meridiano de Agencia Mer
La política mexicana del siglo que corre y el anterior se comprende como una serie de lealtades puestas a prueba por el ejercicio del mando, pero pocas rupturas resultan tan elocuentes como la de Julio Scherer Ibarra con la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el volumen Ni venganza ni perdón, Scherer Ibarra, quien fungió como el arquitecto legal del régimen y responsable de plasmar en leyes las convicciones del presidente, desmantela la narrativa de una gestión técnica para exponer un sistema donde el dogma político y la intriga de los sectores más radicales terminaron por asfixiar la eficacia administrativa. Lo que inició hace décadas en cenas austeras de caldos y recorridos en un Volkswagen rojo donde el entonces líder social apenas guardaba 200 pesos en la cartera, culminó en un aislamiento burocrático dentro de Palacio Nacional, donde el exconsejero jurídico afirma haber vivido el tiempo de los buitres. En el libro describe un sistema donde la beligerancia interna y la descripción del adversario como enemigo consumieron la dinámica del poder.
El eje gravitacional de este testimonio radica en la imposición presidencial del criterio de 90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad. Scherer Ibarra sostiene que este mantra operó como un mecanismo de selección que debilitó las estructuras del Estado, generando un gabinete de ecos en lugar de soluciones reales. La obra describe cómo la carencia de pericia técnica obligó al mandatario a asumir una carga operativa desproporcionada para compensar la ineficacia de subordinados elegidos mediante métodos como la tómbola, la cual sustituyó la decisión política por el azar. Esta abdicación de la política profesional generó una administración donde el Presidente prefería congelar que despedir, otorgando cargos vacíos de poder efectivo a quienes no cumplían con las expectativas de eficiencia.
Dicha debilidad técnica tuvo consecuencias materiales inmediatas en sectores estratégicos como la salud pública. El libro detalla el colapso del sistema bajo la gestión de Hugo López-Gatell, a quien se señala por subestimar la gravedad de la pandemia de COVID-19 y por incurrir en contradicciones erráticas sobre el uso de insumos preventivos. Scherer apunta que el diagnóstico inicial sobre el abasto de medicamentos resultó incorrecto al priorizar la lucha ideológica contra los comercializadores por encima de la viabilidad logística, dejando al país con una herida de desabasto que persiste. La cifra catastrófica de más de 600 mil fallecidos se presenta en el texto como un fracaso del control administrativo que superó por diez las proyecciones oficiales iniciales.
Uno de los capítulos más punzantes de la obra desglosa el papel de Jesús Ramírez Cuevas como el principal manipulador del flujo informativo presidencial. Relata que el vocero operó un filtro donde la información se moldeaba para satisfacer intereses personales, construyendo una realidad paralela en las conferencias matutinas mediante la preparación de materiales a su entera conveniencia. El autor advierte que esta dinámica lastimó la relación con la prensa profesional y permitió la consolidación de un sistema de comunicación militante que se benefició del presupuesto público. El texto revela la existencia de una red empresarial vinculada a colaboradores cercanos de Ramírez Cuevas, citando específicamente a la empresa Doble L Medios, la cual produjo contenidos para respaldar la narrativa oficial mientras se ejecutaba una política de asfixia financiera contra medios tradicionales como la revista Proceso. Scherer cuestiona la asignación de recursos oficiales a medios partidistas como Regeneración, el cual recibió más de 2 mil 800 millones de pesos durante el sexenio. Este comportamiento se describe no como un ejercicio de austeridad, sino como un ataque deliberado a la libertad intelectual que el propio Scherer Ibarra se negó a convalidar al rechazar el cargo de director de Comunicación, evitando convertirse en un censor del gobierno.
Ante la ineficiencia de la burocracia civil, explica que el Ejecutivo optó por entregar la administración del país al Ejército y la Marina, instituciones que a una sola voz de mando cumplían con lo requerido. Los militares se convirtieron en los únicos ejecutores capaces de garantizar el orden en proyectos de infraestructura donde las dependencias civiles se perdían en pleitos internos. El autor elogia la capacidad logística para integrar a 150 mil elementos en la Guardia Nacional en sólo tres años, pero admite que la insistencia presidencial en un mando estrictamente militar generó un corsé jurídico que requirió un cabildeo constante ante la Suprema Corte de Justicia. La dependencia de las Fuerzas Armadas trascendió la seguridad pública para abarcar la construcción de aeropuertos y refinerías, bajo la premisa de que el Ejército trabajaba con una lealtad y capacidad superiores. No obstante, el manejo de proyectos como la refinería de Dos Bocas recibe críticas por la destrucción de manglares sin permisos de impacto ambiental y sobrecostos que elevaron la inversión a 25 mil millones de dólares. Atribuye estos resultados a la gestión de Rocío Nahle y Adán Augusto López, quienes pasaron por alto normativas administrativas en su afán de cumplimiento vertical.
La relación con el sector energético se vio empañada por la influencia de Manuel Bartlett, a quien se señala por perjudicar al Presidente mediante diagnósticos que generaron faltantes de energía eléctrica. Scherer relata cómo el titular de la CFE convenció al mandatario de rechazar la participación privada, derivando en arbitrajes internacionales perdidos por montos de 300 millones de dólares. El autor incluso menciona una hostilidad personal originada porque Bartlett amenazó de muerte a su padre años atrás, lo que motivó la instrucción presidencial de que el consejero no interviniera en la reforma eléctrica, la cual fue finalmente declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
La salida de Julio Scherer de la Consejería en septiembre de 2021 marcó el inicio de una fase de hostilidad judicial. El autor narra una advertencia del presidente López Obrador: “Cuando yo salga del Gobierno, van a ir contra ti”. Sin embargo, la persecución se manifestó de inmediato a través de lo que el texto describe como una campaña de venganzas orquestada por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Señala al fiscal de haber utilizado la estructura de la FGR para fabricar expedientes basados en conjeturas dolosas, incluyendo el intento de incriminarlo en extorsiones relacionadas con el abogado Juan Collado que carecían de sustento legal y fueron desechadas por jueces federales. El testimonio sitúa a Gertz Manero como un actor que impuso un régimen de terror judicial, utilizando la Fiscalía como un garrote contra quienes mostraban autonomía de diálogo. Scherer Ibarra expresa un profundo dolor al recordar que, ante estas infamias, el Presidente respondió públicamente con un “le tengo confianza al fiscal”, frase que califica como una puñalada al corazón dada la cercanía histórica que los unía.
Incluso en los momentos de mayor tensión, Scherer rescata la faceta humana de López Obrador, recordando su relación con don Julio Scherer García, a quien el mandatario admiraba como a un padre y cuyos valores de honestidad y rectitud consideraba supremos. No obstante, la brecha abierta por la intriga interna resultó insalvable. El epílogo de la obra funciona como un manifiesto de defensa del honor familiar, vinculando su resistencia a la memoria de su padre y afirmando que su nombre es el activo más valioso que posee. El relato concluye con la visión de un país polarizado donde la política de confrontación terminó por consumir a los propios aliados del régimen, dejando un andamiaje institucional debilitado y una sociedad dividida. México asiste a la autopsia de una amistad que no resistió el peso del poder absoluto. La obra se posiciona como una advertencia sobre los peligros de sustituir la sabiduría por la adulación y la ley por la voluntad de un solo hombre. El tiempo de los buitres ha llegado, y según esta crónica, la primera víctima ha sido la posibilidad de un gobierno basado en la verdad y el respeto mutuo entre quienes lo construyeron.
