Especial para Meridiano de la Agencia Mer
La consolidación del poder en el Palacio Nacional trajo consigo una transformación profunda en la arquitectura del Estado mexicano, donde el conocimiento técnico fue relegado sistemáticamente frente a la pureza ideológica. En la segunda entrega del análisis sobre el testimonio Julio Scherer Ibarra en Ni venganza ni perdón, la narrativa se adentra en las fracturas administrativas que paralizaron sectores estratégicos. El exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal describe un entorno donde la desconfianza hacia los especialistas y la austeridad mal entendida derivaron en crisis institucionales de gran calado. Según el autor, la administración pública federal dejó de funcionar como un reloj de precisión para convertirse en un tablero de lealtades donde el presidente de la República prefería otorgar encargos a colaboradores sumisos en lugar de cargos a funcionarios competentes.
El desmantelamiento de la pericia técnica tuvo uno de sus focos más críticos en la Secretaría de Hacienda. El hijo del director de la revista Proceso reconstruye la renuncia de Carlos Urzúa como el síntoma definitivo de una economía gobernada por la ideología y no por la técnica. El autor detalla una reunión matutina donde Urzúa, visiblemente afectado, intentó persuadir al mandatario de separar el documento técnico-programático del presupuesto de los deseos políticos, encontrando el rechazo furioso de López Obrador. La salida de Urzúa abrió paso a una gestión donde los interlocutores con el sector privado fueron sustituidos por figuras de confianza personal, como el ingeniero Alejandro Esquer, quien fue designado para negociar el complejo conflicto de los ductos de gas sin poseer formación técnica en la materia.
Dicha erosión profesional se extendió al sector salud, donde el diagnóstico inicial sobre la cadena de suministro resultó desastroso. El libro sostiene que el gobierno subestimó la complejidad de la logística de medicamentos, priorizando el combate político contra las empresas distribuidoras sin tener un sistema de reemplazo eficiente. Scherer Ibarra señala directamente la ineficiencia de la Cofepris y la Secretaría de Salud, destacando que la dependencia normativa nunca operó con la agilidad requerida, dejando al Seguro Social y al ISSSTE en una vulnerabilidad que el Ejército y la Marina tuvieron que subsanar con sus propios recursos controlados. Esta falta de capacidad administrativa se agravó durante la pandemia, cuando las opiniones erráticas de Hugo López-Gatell, quien minimizó la letalidad del virus en sus inicios, condujeron a una cifra de fallecidos diez veces superior a lo proyectado.
La política energética del sexenio es presentada como otro campo de batalla donde la ideología se impuso sobre la viabilidad técnica y ambiental. El exconsejero jurídico relata que figuras como Manuel Bartlett y Rocío Nahle operaron con un margen de maniobra que ignoró normativas penales y administrativas. En el caso de la refinería de Dos Bocas, el autor afirma que se procedió a la destrucción de manglares sin obtener los permisos de impacto ambiental necesarios, bajo la premisa de cumplir con la voluntad presidencial de forma vertical. Scherer Ibarra revela que la hostilidad personal de Bartlett hacia su familia motivó que el presidente le prohibiera intervenir en la reforma eléctrica, una pieza legislativa que terminó siendo declarada inconstitucional por carecer de sustento jurídico sólido.
El control administrativo bajo la figura de Raquel Buenrostro también generó fricciones severas dentro del gabinete. La implementación de compras consolidadas, pensadas para combatir la corrupción, chocó con las necesidades operativas de instituciones como la Guardia Nacional y el Ejército. Scherer Ibarra narra que los militares se quejaban de recibir equipos incompatibles con sus tareas de defensa, obligando a la Secretaría de la Defensa a utilizar sus propios presupuestos para reequipar a los elementos transferidos a la nueva corporación. La disputa por el control de las aduanas y su fideicomiso fue otro punto de quiebre, donde el autor tuvo que presentar proyectos legales contrapuestos para que el mandatario decidiera entre la visión técnica del SAT o la operativa de los secretarios de Marina y Defensa.
La destrucción de instituciones con trayectoria probada, como Fonatur y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), se justifica en el texto como un intento de eliminar intermediarios burocráticos, aunque con costos institucionales elevados. Scherer Ibarra observa que Fonatur, un organismo exitoso en la creación de polos turísticos, fue desmantelado para concentrar recursos en el Tren Maya, un proyecto que el autor describe como una decisión tomada mucho antes de iniciar el gobierno, sin importar las estructuras que tuvieran que desaparecer en el proceso. Esta tendencia a arrasar con fideicomisos y organismos autónomos dejó al Estado sin los contrapesos técnicos necesarios para evaluar la rentabilidad social de las obras públicas.
El testimonio alcanza su punto más sombrío al describir la persecución judicial que siguió a su renuncia. Scherer Ibarra acusa al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de haber transformado la FGR en un instrumento de venganza personal, utilizando expedientes fabricados para intimidar a excolaboradores del presidente. El autor relata con amargura cómo el fiscal judicializó carpetas sin sustento legal, como la relacionada con Juan Collado, buscando incriminarlo en delitos inexistentes. Esta fase de hostilidad, que el propio López Obrador le había advertido al señalar que el poder no perdona, se convirtió en la prueba definitiva de un sistema donde la lealtad se premia con impunidad y la autonomía se castiga con el asedio del Estado.
La obra concluye con una reflexión sobre el honor y la memoria histórica. Scherer Ibarra sostiene que su lucha por limpiar su nombre es una deuda con el legado de su padre y una advertencia para las futuras generaciones sobre los peligros del poder absoluto. México emerge de este sexenio con un andamiaje institucional debilitado por el dogma y una administración que, en palabras del autor, se consumió en su propia polarización. El “tiempo de los buitres” ha dejado cicatrices profundas en la vida pública del país, demostrando que cuando la política de confrontación sustituye a la gestión técnica, la eficiencia es la primera víctima que cae en el olvido.
