La estructura de poder que dominó el estado de Nayarit durante el sexenio de Roberto Sandoval tuvo en el sector del transporte público uno de sus pilares financieros y de control social más lucrativos. Investigaciones judiciales y periodísticas exponen que el exfiscal Édgar Veytia y el exdirigente transportista Carlos Saldate Castillón consolidaron un monopolio mediante el tráfico de influencias, la extorsión y el uso sistemático de las instituciones de procuración de justicia para beneficio particular.
La operatividad de esta red se basaba en un mecanismo de coacción directa. Saldate, desde su posición como líder de la Alianza de Autotransportistas de Nayarit y posteriormente como diputado, identificaba concesiones y rutas de alto valor. Aquellos transportistas que se negaban a ceder sus derechos o a integrarse a su estructura eran citados en la propia Fiscalía General del Estado. En dicho recinto, bajo la supervisión de Veytia, las víctimas enfrentaban amenazas de muerte, tortura física y la fabricación de delitos si no aceptaban transferir sus permisos o propiedades a nombres de testaferros vinculados al grupo.
La influencia de la red no se limitaba a la administración de permisos locales. Veytia expandió sus intereses mediante la creación de empresas como Operadora de Pasajes y Turismo S.A. de C.V. y la adquisición forzada de líneas de autobuses foráneos, incluyendo marcas como Autobuses Coordinados y Transportes Refrigerados San Carlos. Estas unidades servían para el traslado de pasajeros y según informes de inteligencia sugieren que fueron utilizadas para el trasiego de narcóticos hacia la frontera norte, aprovechando la inmunidad que otorgaba el control total de la policía estatal.
El uso de la fuerza pública para eliminar la competencia era una práctica documentada. Testimonios de víctimas relatan cómo patrullas de la Fiscalía o camionetas sin placas provocaban accidentes deliberados contra autobuses de operadores independientes. Una vez ocurrido el percance, las unidades eran retenidas y los propietarios obligados a pagar multas exorbitantes o entregar la concesión para recuperar su libertad y su patrimonio, consolidando así el dominio absoluto de Saldate y Veytia en las rutas más rentables.
La caída de este esquema comenzó con la detención de Édgar Veytia en Estados Unidos en 2017. Tras convertirse en testigo clave en juicios de alto perfil contra figuras como Genaro García Luna, su sentencia original fue reducida a 10 años. Registros oficiales confirman que Veytia abandonó la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) el 10 de febrero de 2025, encontrándose actualmente bajo un régimen de libertad supervisada en territorio estadounidense, aunque mantiene nueve órdenes de aprehensión vigentes en México por delitos de secuestro y tortura.
En el ámbito local, la justicia ha sido más severa con su principal operador político. Carlos Saldate Castillón fue sentenciado a 75 años de prisión por su responsabilidad en delitos de secuestro agravado, relacionados con el despojo de bienes y la coacción a empresarios del transporte. Esta sentencia ratifica las denuncias de cientos de nayaritas que señalaron a la Fiscalía como un centro de operaciones criminales donde se gestaba el control absoluto del parque vehicular y las rutas del estado.
