La carrera rumbo al 2027 no deberá financiarse con la chequera del Poder Legislativo. La presidencia del Congreso del Estado anunció un marcaje personal sobre los recursos destinados a la ayuda ciudadana, advirtiendo que se fiscalizará el uso de las partidas de gestión social para evitar que terminen convertidas en capital de proselitismo político por parte de los diputados que busquen otro cargo.
El monto bajo la lupa es específico. Salvador Castañeda Rangel, líder de la cámara, puntualizó que cada legislador recibe una bolsa de 20 mil pesos mensuales etiquetados para respaldar a la población vulnerable. La instrucción es que este dinero “se debe ejercer con responsabilidad, transparencia y sin fines electorales”, blindando el presupuesto público de las tentaciones de las urnas.
Aunque el ambiente preelectoral es inevitable, esos recursos deben llegar a sus destinatarios. El legislador aseguró que se respetarán las “aspiraciones políticas que cada una de las y los diputados tienen”, pero fue tajante al señalar que el trabajo en curules no se detendrá por agendas personales. La exigencia social es mantener el ritmo de aprobación de leyes.
Sobre las consecuencias de violar la veda o desviar recursos, Castañeda Rangel se lavó las manos de quienes infrinjan la norma: advirtió que todos conocen las prohibiciones y que, en caso de falta, serán las autoridades electorales las encargadas de aplicar las sanciones.
