¡Híjole, chato! Mire usted que uno amanece con la idea de que la economía es una virtud, pero fíjese bien en el detalle, porque hay ahorros que salen más caros que comprar una camioneta vieja para ahorrarse la tenencia. Resulta y resalta que este 25 de febrero de 2026, el Gobierno Federal soltó el bombazo de su nueva reforma electoral. Dicen los que mueven el abanico en Palacio que el chiste es ahorrarnos 10 mil millones de pesos quitándole el “graso” al INE. El detalle, chato, es que para ahorrar esos centavos, la propuesta plantea borrar del mapa a las juntas distritales, que son las que hacen el trabajo sucio y pesado en cada rincón del país.
Lorenzo Córdova, que de esto de las urnas sabe más que un zapatero de sus suelas, ya puso el grito en el cielo en un análisis publicado por el diario Reforma. Y tiene su lógica. Esas juntas distritales, que no son oficinas de adorno para tomar café, se encargan de buscar las escuelas para poner las casillas y de convencer al vecino para que cuente los votos de los demás. Sin ellas, la logística de una elección se vuelve un nudo de ciego. Como reporta El Universal, esta medida compromete la instalación misma de las mesas de votación y la capacitación de los ciudadanos. Es como si usted decide ahorrar en el mantenimiento de los frenos del camión; el dinero se queda en la bolsa, sí, pero el susto en la bajada no se lo quita nadie.
Pero la cosa no para ahí, porque el enredo se nos pone tecnológico y fiscal. La reforma ahora quiere prohibir el uso de inteligencia artificial y castigar a los bots y a las famosas granjas de contenido. Suena muy bonito, ¡faltaba más!, pero fíjese usted en la paradoja: le dan al órgano electoral facultades para husmear en las cuentas bancarias de los candidatos para pescar el efectivo de las campañas, pero al mismo tiempo le cortan el presupuesto para tener auditores profesionales. El diario Reforma señala que estas atribuciones carecerán de eficacia real si se debilita la profesionalización de los servicios de auditoría del instituto. Es como darle a un policía un radar de última generación para atrapar velocistas, pero quitarle la patrulla y dejarlo en bicicleta en medio de la autopista.
Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, chato: las famosas listas abiertas para el Congreso. Nos dicen que ahora el ciudadano va a votar directamente por el perfil que le guste y no por la lista cerrada que le recete el partido. Suena a mucha democracia, pero el diario El País advierte que, en el contexto de un partido con hegemonía territorial, este mecanismo permite la captura de la mayoría de las curules. Es decir, que el que tiene más estructura se lleva todo el pastel, reduciendo la pluralidad legislativa a una mínima expresión administrativa. En lugar de que las minorías tengan su lugarcito para opinar, la mayoría se puede quedar con casi todas las sillas, dejando el debate parlamentario como un monólogo de oficina.
Para rematar el cuadro, la propuesta ratifica que a partir de 2030 se acaba la reelección inmediata para cargos de elección popular. Esta restricción altera el modelo de profesionalización legislativa que apenas estábamos estrenando y modifica los incentivos de rendición de cuentas ante el electorado. Si el diputado sabe que de todos modos se tiene que ir sin importar si trabajó bien o mal, ¿qué incentivo tiene de rendirle cuentas al vecino que le dio el voto?. Volvemos al modelo del legislador que sólo mira a su jefe de partido para ver qué sigue en la lista, en lugar de mirar a la gente que representa.
La implementación de estas reglas, a tan pocos meses de que se abran las urnas para los siguientes procesos, genera una incertidumbre jurídica que no le ayuda a la estabilidad del país. Se está concentrando el poder de decisión en una estructura centralizada y se está dejando de lado la certeza técnica que nos costó treinta años y muchas marchas construir. Por el bien de todos, dicen, pero parece que el bien es nomás para los que ya tienen el control del tablero. La democracia no se trata de ahorrar centavos para perder la confianza; se trata de que todos, hasta el más pequeño, sientan que su voto cuenta y se cuenta bien. De aprobarse sin cambios, enfrentaremos un sistema que prioriza el control político sobre la precisión de los resultados.
Ahí, precisamente ahí… está el detalle.
