El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gerardo Leyva Álvarez, informó sobre la implementación de operativos para frenar la extracción ilegal de agua y las descargas clandestinas de residuos en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y Tepic. Estas acciones responden al crecimiento del denominado “huachicoleo hídrico”, una práctica que afecta la estabilidad de los acuíferos en la entidad.
De acuerdo con el director Gerardo Leyva Álvarez, el problema radica en la explotación de pozos que carecen de concesión o permiso oficial, así como en la conexión irregular a las redes municipales. Este recurso suele ser comercializado a través de camiones cisterna; en destinos turísticos como Bahía de Banderas, el costo por el suministro de una unidad de 12 mil litros oscila entre los 3 mil 500 y los 6 mil pesos, dependiendo de la ubicación del comprador.
La autoridad federal advirtió que existen establecimientos industriales que extraen grandes volúmenes de líquido diariamente sin contar con la legalización correspondiente. “Esto no sólo representa un delito, sino un daño directo a los mantos acuíferos”, precisó Leyva Álvarez al señalar que estas fábricas operan al margen de la ley.
En lo que va del año, las jornadas de vigilancia coordinadas con la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal han derivado en la clausura de al menos siete pozos clandestinos. Asimismo, se intervinieron instalaciones como granjas porcícolas que vertían sus desechos de forma directa al río Mololoa, agravando la situación ambiental del cauce.
Las sanciones establecidas para quienes incurran en estas irregularidades son severas. Las multas económicas fluctúan entre los 200 mil y los 3 millones de pesos. Además de la sanción financiera, los infractores enfrentan la clausura definitiva de sus instalaciones y, en casos específicos, el inicio de procesos penales contra los apoderados legales o dueños de las empresas responsables.
Respecto a la contaminación, el titular de la Conagua en Nayarit reveló la detección de 82 descargas ilegales en todo el estado. Entre los casos más relevantes destaca el de una empresa hospitalaria en la ciudad de Tepic, la cual fue sancionada y su descarga clausurada tras comprobarse que vertía aguas residuales al río Mololoa. Aunque se determinó que los desechos eran principalmente domésticos, la acción violaba las normativas ambientales vigentes.
Finalmente, el funcionario aclaró que, si bien existe la posibilidad de regularizar pozos existentes, esto sólo es viable si se cumplen las condiciones de disponibilidad del acuífero y se cubren las penalizaciones impuestas. Leyva Álvarez subrayó que la mayor carga contaminante del río Mololoa proviene de los residuos sólidos que la ciudadanía arroja en la vía pública, los cuales son arrastrados por la lluvia, por lo que instó a la población a proteger el agua como un derecho humano fundamental y no como una mercancía.
