La presidenta Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ignacio Morales Lechuga toma esa respuesta en El Universal y la lee como síntoma: “la voz de un gobierno irritado porque alguien, desde fuera, se atreve a nombrar lo que se intenta administrar con lenguaje burocrático.” El columnista, exProcurador General de la República, conoce bien los dos registros, el jurídico y el político, y sabe cuándo uno se usa para esquivar al otro.
El Comité activó el procedimiento del artículo 34 de su protocolo tras sostener que en México hay indicios fundados de que las desapariciones forzadas ocurren de forma sistemática. La reacción oficial fue rechazar el documento y cuestionar su validez. Morales Lechuga ubica ahí el verdadero problema: “no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar por el dolor.” Lo que irrita al gobierno, argumenta, es que alguien desde afuera use las categorías jurídicas correctas para nombrar lo que adentro se prefiere describir con eufemismos administrativos.
La columna se mueve pronto hacia el territorio más denso del texto, el de la experiencia de las familias. El jurista traza una distinción que pocas veces se articula con esta claridad: la muerte y la desaparición producen sufrimientos de distinta naturaleza. La muerte termina con una vida y abre un duelo. La desaparición, escribe, “mutila incluso esa posibilidad.” El duelo requiere un punto de partida: un cuerpo, una certeza, un momento desde el cual comenzar a procesar la pérdida. La desaparición suprime ese punto. “Es un duelo perpetuo que carcome el espíritu y deja a las familias atrapadas en un tiempo podrido, sin tumba, sin cuerpo, sin verdad, sin descanso.”
Esa descripción importa porque hace visible lo que la estadística aplana. México tiene más de 130 mil personas desaparecidas registradas. El número es tan grande que tiende a volverse abstracto, a convertirse en dato de informe más que en acumulación de familias concretas que viven, según el autor, “en la frontera insoportable entre la esperanza y la náusea.” Insiste en que un solo caso bastaría para suspender la retórica oficial e imponer, en sus palabras, “una actitud política de emergencia moral.” El contraste entre esa exigencia y la respuesta real del gobierno es el eje de toda la columna.
Morales Lechuga también desmonta el argumento favorito del poder mexicano ante las críticas internacionales: la distinción entre el Estado y el crimen organizado. La lógica implícita del gobierno es que mientras sea el crimen organizado quien desaparece personas, el Estado conserva una distancia que lo exime de responsabilidad directa. El columnista señala que el derecho internacional rechaza esa coartada. La desaparición forzada abarca también “la aquiescencia, la tolerancia, la complicidad, la omisión estructural, la colusión de autoridades con redes criminales, la renuncia sostenida a investigar y a proteger.” La ficción de la inocencia estatal, escribe, “ya no resiste la realidad de fosas clandestinas, registros deficientes, cuerpos sin identificar y familias que hacen el trabajo que tendrían que hacer las instituciones.”
La Presidenta declaró estar del lado de las víctimas. Morales Lechuga toma la frase y la pone a prueba. Estar del lado de las víctimas, argumenta, exige algo más que pronunciarla en la mañanera. Su lista de exigencias concretas es la parte más directa del texto: más presupuesto verificable para búsqueda e identificación, más protección real para colectivos y madres buscadoras, más fiscalías que investiguen la colusión local, más verdad pública. La enumeración funciona porque cada elemento tiene un referente conocido: los colectivos que buscan sin recursos, las madres amenazadas, las fosas que el Estado no abrió sino que encontraron familias con las manos. El autor sabe que esas realidades están en la memoria del lector y las invoca sin necesidad de explicarlas.
El título de la columna concentra todo el argumento. Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con búsqueda y verdad, “vuelve a desaparecer a los desaparecidos.” La frase opera en dos niveles: el literal, porque la negación oficial obstaculiza la identificación y el registro; y el simbólico, porque borra a las víctimas del relato público y las sustituye por una disputa sobre la reputación del gobierno. Morales Lechuga no acusa al gobierno de ser el autor material de las desapariciones. Lo acusa de algo que en este contexto pesa igual: de anteponer el cálculo político a la suerte de quienes fueron arrancados del mundo y de las familias que llevan años buscándolos sin que el Estado les deba ningún favor, sino una deuda que acumula intereses desde hace décadas.
