En un pasado no tan remoto, la entrega de la administración pública era un acto de individualismo o de caos y arbitrariedad impune. La última vez que la administración pública estatal fue entregada de manera anárquica, fue en 1993. Como consecuencia y en el ánimo de acabar con el caos administrativo en las transiciones, en agosto de 1998 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la “Ley que Regula la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Nayarit” (mediante decreto 8105). Era gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza. Desde entonces evolucionaron las reglas relativas y actualmente se ha normalizado ese procedimiento para el relevo en las dependencias públicas. ¿Cuál es la marca que imprime a ese acto el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero?
Primero procede hacer una sucinta descripción que nos muestre el antes y el después. En 1993, los funcionarios que asumieron cargos otorgados por don Rigoberto Ochoa Zaragoza, recibieron en el mejor de los casos, las arcas vacías. En innumerables casos, los funcionarios que dejaban los cargos dejaban los archiveros, pero sin archivos. Era normal que los funcionarios que se iban se llevaran las engrapadoras y hasta las grapas. Fueron de tal magnitud los escándalos en esa ocasión, que hubo “servidores públicos” que siguieron ejerciendo funciones que representaban manejo de recursos financieros (dinero). No pasó nada y la impunidad reinó.
Al iniciar la administración de Ochoa Zaragoza en septiembre de 1993, los funcionarios que asumían sus responsabilidades, estaban atados de pies y manos. La verdad es que los que debían haber sido atados o esposados, eran numerosos funcionarios que salían destapados, casi en la lógica de la huida. Eso nunca lo olvidó el entonces gobernante nayarita. Por esa razón Rigoberto Ochoa decidió promover una iniciativa de ley concebida para dar orden y concierto a la entrega de la administración pública. El desenlace es precisamente la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de Nayarit, que es la que actualmente rige, con ciertos cambios y con otro título.
Pueden plantearse diferentes críticas a la ley de entrega recepción. Sin duda. No obstante, su existencia es un avance notorio que fortalece la institucionalidad.
En buena medida, la ley citada sirve para despejar dudas acerca de los manejos de los funcionarios. En buena medida, esa ley sirve para que los funcionarios sepan que deben actuar de manera responsable y honesta. Una entrega-recepción cuidadosamente realizada, sirve para que los funcionarios que dejan el cargo pueden retirarse con la conciencia tranquila y sin preocuparse por las posibles venganzas de individuos revanchistas. Naturalmente, las reglas para la transición de una administración a otra, también le aseguran elementos básicos para el inicio de una nueva administración.
El Gobernador Navarro Quintero, ha dejado en claro que las responsabilidades que recaen en los servidores públicos, deben asumirse con serio compromiso ético y legal. La ley dispone que treinta días antes de concluir un mandato, se debe proceder a la instalación de la Comisión de Transición. Los vacíos que la ley muestra, sin duda deben ser fortalecidos con una robusta voluntad política y vocación por la transparencia, tanto de quienes están por asumir las cargas de responsabilidad gubernamental, como por parte de quienes concluyen sus encargos. Los principales protagonistas de esto son el Gobernador en funciones tanto como el Gobernador Electo (a quienes se hace referencia en el artículo 5, fracciones XI y XII de la citada ley).
La Ley previene la existencia de un Sistema de Entrega-Recepción. En efecto, el artículo 6 del citado cuerpo normativo, señala que “La Administración Púbica Estatal contará con un sistema que permita que la preparación de las Entregas-Recepciones y el desarrollo de los Actos de Entrega-Recepción, se realicen de manera ágil, eficiente y eficaz. Adicionalmente, dicho sistema deberá resguardar la información contenida en las Actas de Entrega-Recepción de conformidad con la normativa aplicable”. Ese sistema es al que el Gobernador Navarro se refiere cuando trata del tema que aquí se aborda. Ese sistema en todo momento es útil en los relevos en las dependencias y será fundamentalísimo el próximo año, cuando el Poder Ejecutivo sea entregado a otra persona.
Es de la mayor relevancia el que se escuche atentamente lo que dispone el mandatario estatal en relación con la entrega recepción en septiembre del año próximo, cuando sea relevado en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Lo mismo deben hacer los legisladores locales, así como los funcionarios del Congreso, los funcionarios municipales que también se rigen por su respectiva legislación.
Todos los funcionarios públicos deben asumir sus responsabilidades. No existe al manto protector que imperaba antes de la existencia de esta normativa. Este aviso aplica a los funcionarios de hoy y a los de mañana. El Gobernador Navarro Quintero no meterá mano para salvar a quienes hayan actuado de manera inconveniente.
Me parece necesario recordar la forma en que Rigoberto Ochoa Zaragoza abordó el asunto, en su momento. En reunión de gabinete, les advirtió a sus funcionarios que debían entregar cuentas claras, absolutamente transparentes. Les dejó claro a sus colaboradores, que debían actuar con absoluta rectitud y rigor en la entrega de sus áreas de responsabilidad. Dejó muy claro que él no metería mano en favor de ninguno de sus funcionarios.
El Gobernador Navarro Quintero, de la misma manera, procura que sus funcionarios hagan lo correcto: esa es la marca Navarro. No hará el trabajo de cada área de su gobierno, por lo que la responsabilidad y el esmero en el manejo de las cosas públicas, deben seguir prevaleciendo en lo que resta de la administración. De lo contrario, la advertencia está dada: “que los muertos entierren a sus muertos”. Qué cada cuál asuma sus responsabilidades.
