El gobierno del estado y la Dirección General de Alimentación para el Bienestar consolidaron una estrategia para robustecer la producción agrícola local mediante la fijación de precios justos. Ésta busca blindar el ingreso de las familias que trabajan la tierra, estableciendo un precio de garantía para el maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, con una expectativa de cosecha superior a las 26 mil toneladas en el ciclo actual.
La infraestructura de almacenamiento experimentará un crecimiento significativo con la apertura de ocho nuevos puntos estratégicos distribuidos en Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Bahía de Banderas. Esta expansión se suma a los 23 centros ya operativos en la geografía estatal, según explicaron Miguel Ángel Navarro Quintero y María Luisa Albores González, quienes subrayaron la importancia de eliminar a los intermediarios para que el beneficio llegue directamente al bolsillo del productor.
Hasta el cierre del mes de abril, el sistema de acopio registró el ingreso de más de 18 mil 186 toneladas de maíz, lo que representa una inyección de recursos cercana a los 131 millones de pesos. En lo que respecta al frijol, el volumen supera las 11 mil 238 toneladas, generando una derrama económica que sobrepasa los 303 millones de pesos, cifras que confirman la vitalidad de la actividad primaria en las regiones productoras.
Para salvaguardar la transparencia en los procesos de compra y evitar prácticas abusivas, se implementó un operativo de vigilancia permanente en cada centro de acopio. La estrategia incluye la participación activa de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza, además de la ASEN, instituciones que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, habilitaron líneas de denuncia directa para combatir el denominado coyotaje.
El programa de apoyo se mantiene alineado con la política federal de bienestar, priorizando la continuidad de los esquemas de compra directa. Este esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno busca estabilizar el mercado local y ofrecer certidumbre financiera a quienes integran la red de producción, asegurando que el crecimiento del sector primario sea el motor de la prosperidad en las comunidades.
