La protección de la privacidad y el manejo responsable de la información ciudadana recibieron un impulso jurídico tras la aprobación de una nueva normativa estatal en materia de datos personales. Este marco legal establece directrices estrictas para que las dependencias públicas, municipios y organismos autónomos aseguren la confidencialidad de los expedientes que resguardan en sus archivos físicos y digitales. Sólo mediante reglas claras es posible evitar que la información sensible de los habitantes sea utilizada para fines distintos a los trámites oficiales.
Ésta propuesta, integrada por 131 artículos, se diseñó para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Mediante dicha estructura, se busca que cualquier persona mantenga el control real sobre su información ante las autoridades, fortaleciendo la confianza en los procesos de rendición de cuentas. El ordenamiento contempla además el uso seguro de plataformas en la nube y sistemas automatizados, adaptando la administración pública a las exigencias de la era digital.
Durante el análisis del dictamen en el recinto legislativo, la presidenta de la mesa directiva, Jocelyn Patricia Fernández Molina, coordinó la votación que permite al estado alinearse con estándares nacionales de seguridad informática. El sistema integral creado por esta ley promueve una cultura de resguardo interno en el gobierno, sumando mecanismos de supervisión que obligan a los servidores públicos a cumplir con protocolos de vigilancia rigurosos para evitar filtraciones o usos indebidos de la base de datos estatal.
Adicionalmente, se avalaron cambios significativos en la legislación orientada a erradicar la discriminación, con un enfoque específico en la protección de personas migrantes y grupos de la diversidad sexual. Estas modificaciones pretenden reducir la exclusión y violencia que enfrentan estos sectores en su tránsito o residencia por la entidad, integrando una perspectiva de derechos humanos más amplia en la operación de las instituciones locales y el trato a la ciudadanía.
Los ajustes legislativos alcanzaron también los rubros de desarrollo agrícola y ganadero, donde se actualizó el lenguaje institucional bajo criterios de armonización normativa. En la misma jornada, se oficializó la ratificación de Estefanía Monserrat Llerenas Bermúdez como consejera ciudadana del fondo estatal de retiro y se realizaron designaciones en el sistema judicial para cubrir vacantes en el Poder Judicial del Estado, asegurando la continuidad operativa de los órganos de justicia y previsión social.
