La labor legislativa en la entidad registró un avance significativo tras la aprobación de diversos dictámenes que buscan robustecer el marco jurídico en materia de derechos sociales, control presupuestario y acceso a la educación superior. Mediante el trabajo en comisiones, se definieron criterios para actualizar la normativa vigente y asegurar que los mecanismos de transparencia operen con mayor rigor técnico.
En materia de inclusión, los integrantes de las comisiones de Igualdad de Género y Familias, en conjunto con el equipo de Gestoría Social y Grupos Vulnerables, dieron luz verde a cambios sustanciales en la ley protectora de personas con discapacidad. Estas modificaciones integran la perspectiva de género y ajustan las denominaciones oficiales de los organismos públicos, lo cual elimina ambigüedades interpretativas que antes dificultaban la aplicación de la normativa.
De los compromisos legislativos, éste busca que la igualdad sustantiva sea una realidad tangible, estableciendo reglas claras que protejan tanto a mujeres como a hombres. El esfuerzo institucional pretende que las garantías individuales de los ciudadanos nayaritas no dependan de criterios subjetivos, sino de mandatos legales modernos que faciliten la gestión pública y la eliminación de barreras sociales.
Respecto a la rendición de cuentas, la comisión responsable de la Hacienda y el Presupuesto validó el proyecto de decreto que analiza los informes de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024. El escrutinio de los informes individuales y generales asegura que el gasto público sea revisado bajo estándares de máxima transparencia, permitiendo que la sociedad conozca el destino preciso de los recursos invertidos en el desarrollo regional.
Aunado a la vigilancia financiera, el cuerpo legislativo respaldó la desincorporación de un inmueble en el municipio de Tuxpan, propiedad del patrimonio estatal bajo resguardo de los Servicios de Salud. La medida permite la donación de dicho terreno a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, acción que expandirá la oferta educativa y generará nuevas oportunidades profesionales para la juventud del norte del estado.
Los decretos aprobados por los representantes populares de la Trigésima Cuarta Legislatura serán turnados al pleno para su análisis definitivo. En dicha instancia, sólo restará la votación mayoritaria para que estas reformas y acuerdos comiencen a generar beneficios directos en la protección de los sectores más vulnerables y en la infraestructura educativa de la región.
