El Poder Legislativo estatal impulsó una serie de modificaciones legales orientadas a robustecer la administración municipal, la protección de datos personales y la seguridad en el transporte. Durante las sesiones de trabajo de la Diputación Permanente y diversas comisiones, se priorizó la armonización de marcos jurídicos que permitan una gestión pública más eficiente y cercana a los requerimientos de la población.
Propuestas legislativas en materia de gobierno local buscan transformar la Ley Municipal mediante la incorporación de lenguaje con perspectiva de género. Este ajuste pretende optimizar los procesos administrativos relacionados con el resguardo de expedientes técnicos, además de elevar los estándares de derechos humanos necesarios para quienes aspiren a ocupar cargos directivos en las diversas entidades de los ayuntamientos.
Dicha iniciativa, promovida por la diputada Juana Nataly Tizcareño Lara, subraya la importancia de contar con perfiles profesionales que operen bajo una visión de servicio civil de carrera. Asimismo, se pretende que la rendición de cuentas sea un eje transversal en cada oficina de gobierno, asegurando que el patrimonio documental de los municipios se mantenga íntegro y disponible para consultas ciudadanas al cumplir sólo con los criterios de legalidad vigentes.
De manera simultánea, los representantes populares validaron cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Estas acciones tienen la finalidad de alinear las normativas internas con los preceptos estatales de transparencia, de modo que el derecho a saber y el manejo de información sensible se ejecuten con total apego a la ética parlamentaria y la seguridad jurídica de los habitantes.
Lograron los integrantes de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes dictaminar cambios sustanciales a la Ley de Movilidad. La intención es actualizar el esquema de concesiones y permisos, otorgando mayor claridad sobre las facultades de las autoridades competentes para establecer un sistema de transporte colectivo ordenado que respete el derecho fundamental de transitar con seguridad y eficiencia por todo el territorio estatal.
