La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca estableció una estrategia de diálogo permanente con los sectores productivos para frenar el ingreso irregular de insumos marinos al territorio nacional. Mediante la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales, se busca erradicar la competencia desleal y asegurar que la comercialización de crustáceos cumpla con los estándares de sanidad vigentes. Estas acciones coordinadas entre diversas dependencias federales pretenden salvaguardar la economía de quienes se dedican a la actividad acuícola legal en las distintas regiones del país.
Bajo las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del organismo, Rigoberto Salgado Vázquez, coordina seis ejes operativos que incluyen la protección del comercio exterior y el fomento al consumo interno. Las reuniones mensuales integran a representantes de aduanas, seguridad nacional y autoridades sanitarias para dar seguimiento a las denuncias del sector productivo. Este esquema de vigilancia integral permite que la administración pública responda con agilidad a las necesidades de los productores de camarón, quienes reportaron afectaciones por prácticas comerciales ilícitas.
Operativos recientes realizados entre mayo y junio permitieron la retención precautoria de cargamentos masivos en puntos estratégicos como Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México. En municipios como Ixtlahuacán de los Membrillos se aseguraron más de 170 mil toneladas de mercancía, mientras que en centros de distribución como la Central de Abasto y La Nueva Viga se detectaron toneladas de producto sin documentación legal. Estas intervenciones conjuntas con la Guardia Nacional impidieron que cargamentos de dudosa procedencia llegaran a los consumidores, garantizando la inocuidad alimentaria en los puntos de venta.
El liderazgo de México en la producción de este crustáceo alcanzó una cifra superior a las 269 mil toneladas durante el ciclo anterior, lo que sustenta la soberanía alimentaria nacional. El mantenimiento de esta posición depende de la capacidad de las autoridades para mantener el ordenamiento pesquero y proteger a las cooperativas locales de la introducción de productos extranjeros sin certificación. Por ello, el impulso a la competitividad se acompaña de campañas de promoción que invitan a la ciudadanía a consumir lo local, identificando la calidad del mar mexicano como un sello de distinción.
Mediante el refuerzo de la vigilancia en fronteras y centros de acopio se busca evitar que el contrabando erosione las utilidades de las familias que viven de la acuacultura. El ordenamiento de las actividades pesqueras representa un compromiso con la sustentabilidad a largo plazo, permitiendo que la industria se desarrolle bajo un marco de legalidad absoluta. Al asegurar que sólo el producto certificado circule en el mercado, se protege la salud pública y se garantiza que el esfuerzo de los productores nacionales sea remunerado de manera justa y equitativa.
