La capital nayarita fue sede de un encuentro clave para actualizar las estrategias de protección física y mental de quienes integran la fuerza laboral en la entidad. A través de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo del Estado de Nayarit, diversas instituciones trazaron una ruta crítica que prioriza la prevención de incidentes y la dignificación de los espacios donde se desarrolla la actividad económica regional.
Durante esta sesión ordinaria, Carmen Aidé Ortega Aguirre, en su calidad de vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tepic, manifestó el compromiso de la iniciativa privada para edificar entornos que garanticen la integridad de los colaboradores mediante una vigilancia estrecha de los protocolos de bienestar. El análisis del panorama actual permitió identificar áreas de oportunidad en el cumplimiento de las normativas vigentes, especialmente ante los retos que plantean las jornadas prolongadas.
Uno de los ejes centrales de la agenda técnica contempló la revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo proyectada hacia el 2026. Este documento se complementa con el escrutinio de las estadísticas de riesgos registradas durante el ciclo anterior, lo cual permite diseñar medidas de mitigación específicas para cada sector, además de integrar los lineamientos de la reforma conocida como Ley Silla, enfocada en asegurar periodos de descanso necesarios para el personal.
La atención institucional también se dirigió hacia las labores del campo, donde la incidencia de percances suele ser mayor debido a las condiciones climáticas y el uso de maquinaria pesada. Las autoridades y los organismos empresariales acordaron implementar capacitaciones focalizadas que ayuden a los productores a transitar hacia esquemas de menor riesgo, salvaguardando la salud de los jornaleros y operarios agrícolas.
Mediante esta coordinación permanente, se busca que el cumplimiento de la ley sea una constante que favorezca el crecimiento económico sostenible y la protección de los derechos fundamentales de la población trabajadora. La consolidación de esta cultura preventiva se traduce en una ventaja competitiva para las empresas, pues la reducción de siniestros impacta directamente en la productividad y estabilidad financiera de los negocios.
