Por Salvador Cosío Gaona
Se ha dicho reiteradamente por muchos políticos, politólogos, analistas socioeconómicos y comunicadores, así como por líderes de opinión en diversos ámbitos, que el principal problema de una nación, y señalando obviamente como ejemplo a nuestro país, es la corrupción y su culmen que es la impunidad, más parece que las circunstancias y los hechos que hemos estado atestiguando y sufriendo en México los últimos meses, dejan claro que lo que más está dañando a esta sufrida nación, además de la ya consabida agresión permanente reflejada por la gran cantidad de actos tildados de corrupción y que están impunes, es el autoritarismo, lo que supone la marcha inexorable del régimen federal hacia una dictadura, dada la forma en que el presidente de La República violenta de manera contumaz La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nuestra Carta Magna que como elemento fundamental para el imperio de la ley y la preeminencia del estado de derecho juró cumplir y hacer cumplir y hace todo lo contrario reiteradamente.
Y ejemplos hay muchos, y uno de ellos es el ejercer de forma atrabiliaria el poder público sin mayor acotamiento y de forma cínica violentando toda norma, a base de decretos que no se apegan a la Constitución ni a sus leyes reglamentarias, arrogándose facultades y atribuciones, simplemente habiéndolo así cuando advierte la imposibilidad de obtener su deseo o capricho a través de la votación favorable de sus iniciativas al seno del poder legislativo federal, como es el caso de estar planteando que por una simple orden presidencial se rompa con la legislación vigente y la Guardia Nacional , que desde su alumbramiento fue condicionada a que tendría inexorablemente mando civil y que aunque se estableció que solo para iniciar y por tiempo limitado tendría componentes o recursos humanos de manera limitada en número y temporalidad a elementos militares , en la práctica es una institución dependiente de militares y conformada por elementos castrenses, más ahora que pretende formalizar esa condición como permanente y sabe que no tendrá la mayoría suficiente en las cámaras legislativas federales, plantea que por un simple decreto presidencial se quede ya sometida al entorno militar.
Bien dijo el académico y también comunicador Leo Zuckermann:
“Su sueño (el de Andrés Manuel López Obrador) es un gobierno militar con él a la cabeza. No le interesa la división de Poderes, sino la imposición de las políticas públicas desde un Ejecutivo sin contrapesos. Nada tiene eso de democrático y sí mucho de autoritario.” Así es claro el ánimo dictatorial del Presidente.
Hay que señalar al respecto lo que recientemente ocurrió en sesión de La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando con elementos claros, la Senadora panista Kenia López Rabadán le recordó al pleno y a través de ello a la sociedad lo que es un tirano, y dejó en claro la forma como tal que es cómo está actuando López Obrador, siendo muy objetiva la combativa legisladora albiazul al difundir desde la tribuna como parte de su alocución al respecto, videos en los que tanto López Obrador, como el actual dirigente o mejor dicho gerente, del ‘partido’ denominado Movimiento de Regeneración Nacional, más conocido como MORENA, de nombre Mario Delgado y la también ahora Secretaría General de dicho partido del gobierno o de López Obrador , dijeron hace no mucho tiempo criticando acciones de regímenes anteriores que consideraban estaban conduciendo al país a tener un gobierno militarizado o militarista , doliéndose de que el ejército y la marina no estuvieren en sus cuarteles y a cambio de ello realizar en algunas tareas de respaldo a la seguridad pública que deberían ser exclusivas de las corporaciones policiales de orden civil , señalando entonces la violación al respecto. Y ahora se muerden la lengua y, pues el presidente pretende decretar la militarización de la guardia nacional y con ello el que las fuerzas castrenses se hagan cargo preeminentemente de la seguridad pública y los ahora encargados de la gerencia en turno de MORENA, no solo callen sino que solapen y promuevan el decreto, con una total falta de ética y apartados de la congruencia.
Para ilustrar más es válido citar lo que recientemente señaló en una magnífica colaboración editorial en El Universal, el prestigiado jurista Don Sergio García Ramírez:
‘Sí, temor y vergüenza —y mucho más— suscita la decisión presidencial, proclamada con pasión, de que la Guardia Nacional (que ya es un cuerpo militar, de facto) se convierta en una fracción de las Fuerzas Armadas a través de un acuerdo del Ejecutivo.
Digo temor, porque implica una nueva violación a la Constitución de la República y vulnera el Estado de Derecho, menguado en el curso de estos años. Agrego vergüenza, porque esa decisión proviene del Presidente de la República, primer obligado a respetar la ley fundamental.
El grave tropiezo no es algo novedoso en los exabruptos de su protagonista. Recordemos que el candidato a la Presidencia declaró que devolvería a las Fuerzas Armadas a su misión constitucional. Pero no fue así. Al poco tiempo de las elecciones de 2018, el presidente electo creó un nuevo cuerpo sobre las cenizas de instituciones precedentes: la Guardia Nacional, que preservaría la seguridad y la paz de la nación. En el inicio de esta etapa, el bloque de diputados adictos al presidente electo inició una reforma constitucional para formalizar las promesas en torno a la Guardia.
Recordemos —nuestra memoria política suele ser muy frágil— que ocurrió un vigoroso encuentro parlamentario entre quienes reclamaban apoyo a la función policial de las entidades federativas y quienes requerían concentrar todo el poder en la nueva criatura federal. En este lance se llegó a una difícil transacción. Pero hubo más que eso, y mucho peor, que se mostró en el choque entre los partidarios del carácter civil de las instituciones de seguridad pública y los defensores de la militarización. Al cabo ocurrió otra deplorable transacción, de la que seguramente se han arrepentido quienes la suscribieron desde la oposición partidista. Aunque nominalmente prevaleció la condición civil de las instituciones de seguridad pública, al amparo del artículo 21 constitucional, hubo concesiones que abrieron el camino a la posición antagónica. En el decreto de reformas se incluyó un artículo 5º transitorio que permite al Presidente atribuir funciones policiales a las Fuerzas Armadas.
Recordemos —nuestra memoria política suele ser muy frágil— que ocurrió un vigoroso encuentro parlamentario entre quienes reclamaban apoyo a la función policial de las entidades federativas y quienes requerían concentrar todo el poder en la nueva criatura federal. En este lance se llegó a una difícil transacción. Pero hubo más que eso, y mucho peor, que se mostró en el choque entre los partidarios del carácter civil de las instituciones de seguridad pública y los defensores de la militarización. Al cabo ocurrió otra deplorable transacción, de la que seguramente se han arrepentido quienes la suscribieron desde la oposición partidista. Aunque nominalmente prevaleció la condición civil de las instituciones de seguridad pública, al amparo del artículo 21 constitucional, hubo concesiones que abrieron el camino a la posición antagónica. En el decreto de reformas se incluyó un artículo 5º transitorio que permite al Presidente atribuir funciones policiales a las Fuerzas Armadas.
Ahí comenzó (o continuó, porque esta historia tiene raíz anterior a 2019) la militarización de esa seguridad. El 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo emitió un acuerdo que acentuaba la aplicación policial de las Fuerzas Armadas. Se invocó aquel artículo 5º y se llegó al colmo de citar en pro del acuerdo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto reprueba el empleo permanente e innecesario de los efectivos militares en una función esencialmente civil. En las páginas de EL UNIVERSAL (16 de mayo de 2020) cuestioné ese acuerdo.
Hoy se pretende profundizar la violación. Esto acentúa un peligroso cambio de rumbo. Por fortuna ha surgido una enérgica oposición a este nuevo agravio que pretende el Ejecutivo. Desde la tribuna presidencial llueven injurias para quienes sostienen, con la Constitución en la mano, una posición diferente de la que patrocina el promotor del quebranto constitucional.’
Y ahí más otros asuntos delicados como la orden de invadir predios privados que López Obrador dictó a la SEDATU para seguir adelante con su capricho de construir el Tren Maya destruyéndose el hábitat de muchas regiones de la península yucateca al margen de normas vigentes y de amparos otorgados por el Poder Judicial Federal se nota claramente el cada vez más claro paso de un régimen hacia la tiranía o dictadura, que es cuando el mandatario pasa por encima de las normas más elementales.
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@salcosga1