La omisión de atenciones básicas hacia los animales domésticos constituye una conducta delictiva tipificada en el marco legal del estado. Durante el transcurso del presente año, las autoridades de procuración de justicia contabilizan 46 denuncias formales por maltrato animal, expediente en el que destacan casos donde los caninos permanecen sin acceso a agua, alimento, atención médica o bajo condiciones insalubres.
El abandono prolongado en espacios abiertos o la falta de cobijo configuran violaciones directas a la integridad de los ejemplares. Sobre el alcance legal y las penalidades aplicables, la agente del Ministerio Público en la Agencia Especializada de Delitos contra el Maltrato Animal Doméstico, Marilyn Beltrán, precisó que la normativa penal estipula penas que van desde seis meses hasta cinco años de prisión, condena que se duplica alcanzando hasta diez años de cárcel si quien comete el delito es el propietario, poseedor, veterinario o encargado directo del resguardo.
Las conductas de riesgo engloban mantener a los animales amarrados de forma permanente, situarlos en azoteas expuestos a inclemencias del tiempo o descuidar las medidas de higiene mínimas dentro de los predios. El marco punitivo contempla que la falta de atención veterinaria ante lesiones o enfermedades configura una responsabilidad penal equiparable a las agresiones físicas directas.
Los canales institucionales para reportar estas faltas se mantienen abiertos a través de distintas vías de atención. La ciudadanía puede formular su denuncia de manera escrita, mediante declaraciones orales ante los módulos del Ministerio Público, a través de plataformas digitales o marcando directamente al número de emergencias 911 para activar la intervención inmediata de la Policía Estatal.
Las actuaciones derivadas de los avisos ciudadanos activan la intervención de la Agencia de Investigación Criminal para recabar indicios y rescatar a los animales en riesgo. La actuación oportuna de la población resulta indispensable para iniciar los procedimientos legales correspondientes y asegurar que los responsables de la omisión de cuidados enfrenten las sanciones contempladas en la ley.
