La regularización de los derechos de extracción de agua representa un reto crítico para la continuidad operativa de los campos de cultivo en la entidad. Los productores agrícolas agrupados en las Unidades de Riego enfrentan la urgencia de asesorarse legalmente para gestionar sus trámites antes de que concluya el plazo límite otorgado por las autoridades federales, fijado para el 15 de julio del próximo año.
En el territorio estatal operan aproximadamente 69 Unidades de Riego, de las cuales un porcentaje considerable arrastra rezagos en la renovación de sus permisos. La falta de actualización mantiene en riesgo la aprobación oficial para el aprovechamiento hídrico, situación que podría suspender el suministro legal para las actividades de siembra en diversos municipios.
Los factores organizativos y fiscales complican la realización de estos trámites ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para cumplir con los requerimientos vigentes, los usuarios deben darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), actualizar sus padrones de socios y realizar inversiones destinadas a la instalación de medidores digitales de control hídrico, así como al pago de cuotas y mantenimiento de infraestructura.
La cobertura hídrica de estos esquemas resulta vital para la producción agropecuaria regional. Sobre los retos que enfrentan los usuarios locales, el dirigente de las 34 Unidades de Riego en el municipio de Tepic, José Pilar Escalante Hernández, explicó que la certeza jurídica del recurso garantiza el riego en poco más de 200 mil hectáreas dedicadas al cultivo de granos y hortalizas en el estado.
El fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y el cumplimiento del marco legal aseguran la sostenibilidad alimentaria en la zona rural. La conservación de las concesiones resulta indispensable para proteger la economía de miles de familias del campo y sostener el volumen de cosecha que abastece a los mercados locales.
