La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública tiene como objetivo “contar con datos estadísticos que permitan la planeación de políticas públicas en materia de seguridad, recabando información sobre la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a sus integrantes, la cifra oculta, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización, la percepción de la seguridad pública, así como información sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y justicia”.
Recientemente, se dio a conocer la información derivada de la ENIVPE 2026 y, como de costumbre, la atención se dirigió hacia la segunda y tercera parte del contenido de esa encuesta que permite desagregar resultados a nivel nacional en el ámbito urbano y rural; a nivel de entidad federativa y de 34 áreas urbanas de interés.
Sin embargo, es importante no omitir los resultados de la primera parte del objetivo de la encuesta ―ese que recaba información sobre la incidencia delictiva, las características del delito y de las víctimas, la cifra oculta de delitos y el contexto de la victimización.
A este respecto, la ENVIPE 2026 [con datos recabados entre enero y diciembre de 2025], informa de un total de 33.8 millones de delitos cometidos; 11.7 millones de hogares víctimas y de 23.0 millones de personas víctimas [11.9 millones de mujeres y 11.2 millones de varones, en cifras redondeadas].
En cuanto a la tasa de víctimas de delito por cada 100,000 habitantes, el número obtenido es de 23,473 personas, un número bastante menor que el de la ENIVPE 2017 [el más alto de la serie 2012-2025: 29,746] y ligeramente mayor que el de la ENIVPE 2022 [el más bajo de la serie: 22,587], mientras que, en cuanto a la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, la cifra se ubicó en 34,442 [menor que las de 2013 y 2014 que estuvieron por encima de las 41,000 y mayor que la de 2022: 28,701, la menor de la serie].
En el rubro de los delitos más frecuentes por cada 100,000, el descenso significativo del robo o asalto en la calle o transporte público [11,081, en 2017; 5,641, en 2025], así como el aumento ―significativo también― de la extorsión [5,341, en 2017; 8,290, en 2025].
Ahora bien, el desglose por entidades federativas muestra mayor variación en el ámbito de los delitos que en el de las víctimas, ya que la diferencia entre los 68,154 delitos cometidos en la CDMX y los 17,728 cometidos en Chiapas es mucho mayor que la que existe entre las 34,930 víctimas de la CDMX y 13,462 de Chiapas. Cabe señalar que la tasa nacional de víctimas fue de 23,473 y la de delitos de 34,442.
Uno de los datos más relevantes en materia de delitos cometidos y sus víctimas que ofrece la ENVIPE es el que compara los delitos cometidos [33.8 millones] con los delitos denunciados [9.0%] con los delitos no denunciados [91.0%] y, más aún el que desglosa el 9.0% de delitos denunciados entre aquellos de los cuales se abrió una carpeta de investigación [6.6%] y aquellos que no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación [2.4%], un desglose que conduce a la denominada cifra oculta, que en la ENVIPE 2025 alcanzó un 93.4%, o sea, alrededor de 31.6 millones de delitos que no derivaron en algún tipo de denuncia o investigación. Este tema se torna dramático cuando se analizan los resultados de las carpetas de investigación: 7 de cada 10 delitos en carpetas de investigación, el resultado fue “en trámite” o “nada”, o cuando se lee en la ENVIPE 2025 “De los 33.8 millones de delitos ocurridos, solo 1.1% tuvieron una resolución favorable en el Ministerio Público, ya sea porque la víctima recuperó sus bienes, porque se puso a la persona delincuente a disposición de un juez, porque se reparó el daño o porque la víctima otorgó el perdón. Entre las causas mencionadas para no denunciar, el 60.8% se atribuyeron a la autoridad [desconfianza, pérdida de tiempo, trámites largos y difícil, miedo a la extorsión, actitud hostil].
En el ámbito de la percepción de la inseguridad, el primer dato relevante [derivado del periodo febrero-abril de 2026 en que se levantaron estas partes de la encuesta] es que para el 60.7% de la población la preocupación principal fue la inseguridad, siendo los cajeros automáticos en la vía pública, la carretera y el transporte público los espacios mencionados como aquellos en que se percibe mayor inseguridad.
Sin embargo, en la serie 2012-2025 la percepción de inseguridad en la localidad o colonia [39.3% en las mujeres y 32.1% en los varones] es la más baja registrada y se puede apreciar un descenso constante desde los niveles más altos alcanzados en 2019: 54.5% y 46.2 en mujeres y varones, respectivamente, mientras que esa misma percepción a nivel municipal o de demarcación territorial arrojó un 64.7% en las mujeres y un 56.4% en los varones, un porcentaje también bastante menor que el 74.1% y el 66.3% de 2019. En cuanto a la percepción de inseguridad a nivel de entidad federativa los resultados son menos alentadores: 77.4%, en mujeres y 70.1, en varones, porcentajes no muy lejanos de los de 2018-2020, en torno al 82% en las mujeres y al 75% en los varones.
La identificación de autoridades de seguridad, el nivel de confianza y la percepción de corrupción son los rubros que aborda la ENVIPE en su parte final.
Como en otras ocasiones el mayor nivel de confianza corresponde a la Marina [47.0% mucha; 42.5 algo] aunque la identificación alcanza solo un 57.7%. El Ejército, por su parte, tiene es identificado por un 81.6% de la población; el 41.1% tiene mucha confianza en él y un 45.9 algo de confianza. La Guardia Nacional es identificada por un 78.0% de la población; un 27.3% tiene mucha confianza en ella y 52.1% algo de confianza. En contraparte, el 23.4% desconfía mucho de la policía de tránsito; 17.7% de la policía preventiva municipal; 17.4% del Ministerio Público y de las Fiscalías Estatales; 17.3% de la policía ministerial, judicial o de investigación y 17.2% de los jueces.
La percepciones de corrupción en el ámbito federal ―clave dado que en sus manos se ha depositado las tareas de seguridad― alcanzó un 36% en la Guardia Nacional; un 28.6% en el Ejército; un 24.0% en la Marina y un 56.2% en la Fiscalía General de la República…
