A veinte años de que Felipe Calderón sacara al Ejército a las calles, Alejandra Inzunza sostiene que la guerra contra las drogas fracasó en sus propios términos, y propone cambiarla por una política de reducción de daños. Su premisa, la que da título a la pieza, es tajante, un México sin drogas es imposible, uno con menos daño no lo es.
Para llegar ahí, la autora arranca con una idea, que las drogas siempre estuvieron. Las rastrea en la cocaína que enganchó a la generación de su padre, en el alcoholismo de su abuelo, en la dependencia al Tafil de su tía, y entre los amigos que tomaban psicodélicos lo mismo que entre los que se emborrachaban hasta perder el sentido mientras demonizaban lo ilegal. Estuvieron, dice, incluso antes que nosotros, pues más de cien especies animales se drogan por placer. La prohibición, en su lectura, es una anomalía del siglo XX cuyo mayor hito fue 1971, cuando Estados Unidos convirtió las drogas en el «enemigo público número 1»; las sustancias psicoactivas, en cambio, atraviesan la historia humana, sagradas y rituales, cimiento de la medicina, motor económico de los imperios.
Su acusación de fondo es que medio siglo de guerra no acabó con las drogas ni redujo el consumo. Cita a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, cuyos sistemas de alerta temprana registran cerca de mil 400 sustancias nuevas, muchas más baratas y potentes; según ese mismo organismo, 331 millones de personas consumen alguna sustancia ilegal, un 34 por ciento más que hace una década, aunque el 89 por ciento no desarrolla un consumo problemático. Y remata con una paradoja, la prohibición creó sus propias adicciones, a la guerra y a la industria carcelaria: el narcotráfico es el negocio ilegal más lucrativo del planeta, la maquinaria legal para perseguirlo mueve miles de millones al año, y la estrategia terminó sirviendo de instrumento de control social, para militarizar territorios y criminalizar a los más pobres.
El costo mexicano es el corazón del texto. Este año, escribe, se cumplen dos décadas de una guerra que, según datos que atribuye al propio gobierno, dejó más de medio millón de muertos y más de 135 mil desaparecidos. La cifra de desaparecidos coincide con el registro oficial; la de muertos es la suma que ella cita, y varía según la fuente. La estrategia, sostiene, no eliminó al crimen organizado, lo fragmentó en células más pequeñas y violentas, con disputas de territorio, cobro de piso y desplazamientos forzados. Su imagen más dura es la de miles de madres buscadoras irrumpiendo en el Mundial en busca de justicia.
De ahí pasa a lo que propone. Recuerda que creció con el «Di no a las drogas», la campaña que prometía una generación libre de sustancias mientras legitimaba el endurecimiento penal y el encarcelamiento de comunidades negras y latinas. Frente a eso reivindica la reducción de daños, un conjunto de políticas de salud pública que, en lugar de juzgar o castigar, aceptan que el consumo existe y priorizan la salud, la seguridad y la dignidad de quien consume. En México, apunta, la sociedad civil ya abrió salas de consumo supervisado en la frontera, logró que el internamiento involuntario fuera ilegal, empujó a los tribunales a declarar inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis, y la Ciudad de México adoptó ese enfoque a través de un instituto de salud mental y adicciones.
El texto se vuelve entonces manifiesto. La autora integra Menos Daño, una plataforma de diez organizaciones que impulsa una política de drogas centrada en la justicia social, los derechos humanos y la reducción de riesgos. Su objetivo, aclara, más que vender otra utopía, es aceptar que las sustancias siempre han estado aquí y construir políticas que informen y prevengan los consumos que dañan a las familias, más allá de solo decir que no. Entre sus propuestas concretas menciona desclasificar la naloxona, que revierte sobredosis de fentanilo y otros opiáceos, ampliar zonas de tolerancia, concretar la ley del cannabis, reconocer los usos ancestrales de las comunidades indígenas y los derechos de las personas usuarias, sacar adelante una ley de amnistía en la capital, capacitar a más policías y bajar el número de militares en las calles.
Situemos la pieza. Es una columna de defensa, escrita por una periodista que forma parte de esa plataforma, de modo que argumenta un lado. La reducción de daños es una tradición de salud pública con evidencia detrás, la naloxona y las salas de consumo supervisado se aplican en varios países. Pero también tiene críticos, que advierten que despenalizar o ampliar zonas de tolerancia puede normalizar el consumo, y que retirar militares sin reconstruir antes una policía civil confiable arriesga cederle terreno a los cárteles que la propia autora denuncia. El gobierno, además, sigue apoyando su seguridad en las fuerzas armadas que ella quiere replegar. Lo verificable, el saldo de la guerra y el fracaso de la apuesta sólo prohibicionista, es difícil de rebatir; lo que está en disputa es si su alternativa cumple lo que ofrece.
El valor del texto está en mover una discusión que suele quedar atrapada entre el moralismo y la militarización hacia el terreno de la salud pública, y en atreverse a decir en voz alta lo que casi nadie dice, que la meta de «cero drogas» fue siempre una ficción, y que una política levantada sobre una ficción produce fosas de verdad. Su frase final repite la tesis, un México sin drogas no es posible, uno con menos daño sí. Que la reducción de daños sea ese camino, o apenas una parte, queda por verse; el mérito incómodo de la columna es obligar al lector a preguntarse qué compraron, en realidad, veinte años y medio millón de muertos.
