CONTEXTO
El Senado avanza en la reforma para cargos ejecutivos. Modifican propuesta tras críticas por libertad de expresión. Servidores de la Nación, fuera de la observación electoral. Presión por cárteles aumenta, pero Sheinbaum destaca cooperación.
VAN RAPIDITAS
Las comisiones del Senado aprobaron una reforma constitucional que impediría a personas con doble nacionalidad competir por la Presidencia, las 31 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de CDMX. Con 23 votos a favor y 9 en contra, Morena, PVEM y PT aprobaron en comisiones el dictamen que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La propuesta exige que quienes aspiren a esos cargos no tengan ni adquieran otra nacionalidad. Si tienen una segunda, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
La restricción no aplicará a los mexicanos en general: se limitaría a quienes buscan esos cargos de elección popular. La reforma abre un debate sobre los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes viven en Estados Unidos. La oposición cuestiona que la medida restringe la participación política de la comunidad migrante; el PAN anunció que votará contra el dictamen. El dictamen deberá discutirse y votarse en el Pleno del Senado; se requiere mayoría calificada. Si el Senado la aprueba, pasa a revisión y aprobación de la Cámara de Diputados. Los cambios se aplicarían a partir del proceso electoral de 2028.
CAMINA LA LLAMADA “LEY ANTI MEMES”
El mismo Senado modifica propuesta tras críticas y las comisiones aprobaron una reforma que generó críticas por su posible impacto en memes, parodias y libertad de expresión. La redacción fue modificada para acotar su alcance. ¿Qué pasó? El artículo 403 Bis planteaba 3 a 7 años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA (más de 1.1 millones de pesos) por usar, con fines comerciales, elementos de identidad oficial para inducir al error, incluso en medios digitales. Tras las mofas, Javier Corral, senador y presidente de la Comisión de Justicia, propuso reducir la pena a un periodo de 1 a 5 años y exigir que exista intención de cometer un ilícito a través del engaño y haciendo pasar una comunicación o plataforma como oficial. Corral sostiene que busca combatir fraudes con sitios y plataformas gubernamentales falsas, no castigar memes y parodias. La oposición advierte posibles afectaciones a la libertad de expresión. El punto central es hasta dónde puede llegar una protección penal de la identidad oficial sin afectar la sátira, la crítica política o el trabajo periodístico. ¿Qué sigue? El debate no está cerrado: aunque el dictamen avanzó en comisiones, los partidos PAN, PRI y MC mantienen objeciones y el Pleno tendrá la última palabra.
