Más de 200 familias resultaron afectadas en el norte de Nayarit tras el paso del huracán Rachel. En Palmar de Cuautla, una de las comunidades de Santiago Ixcuintla más expuestas al avance del mar, el agua alcanzó entre 30 y 50 centímetros dentro de algunas viviendas y arruinó camas, colchones, televisores y otros enseres.
La emergencia ha obligado al Gobierno estatal a desplegar brigadas en Tecuala, Santiago Ixcuintla y San Blas, mientras mantiene vigilancia sobre otras zonas costeras de la entidad. Pero detrás de los daños inmediatos aparece un problema más difícil de resolver: algunas de las viviendas afectadas se encuentran en franjas donde el riesgo de inundación y el impacto del oleaje forman parte de la vida cotidiana.
En Tecuala, las autoridades contabilizaron poco más de 160 viviendas con presencia de agua. En Palmar de Cuautla se localizó además una casa con daños estructurales, cuya habitabilidad está siendo evaluada por el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).
Manuel Fonseca Altamirano, director general del organismo, explicó que las principales afectaciones se concentran en ramadas de las playas del norte del estado y en áreas federales. La evaluación, sin embargo, ha puesto nuevamente la atención sobre las comunidades asentadas en zonas de alta exposición.
Palmar de Cuautla es uno de los casos más delicados. Su ubicación geográfica la convierte en una de las localidades más vulnerables del norte de Nayarit ante fenómenos meteorológicos y el incremento del oleaje. Por ello, el Gobierno estatal ya analiza con el comisariado ejidal la posibilidad de disponer de terrenos para una eventual reubicación de las viviendas situadas en las zonas de mayor peligro.
No se trata, por ahora, de una reubicación inmediata. La propuesta forma parte de una evaluación a futuro para las familias que viven en las franjas más expuestas, en un territorio donde la frontera entre la comunidad y el mar puede convertirse rápidamente en una zona de riesgo.
Mientras se define qué ocurrirá con esas viviendas, la prioridad es atender a las familias que ya sufrieron daños. La secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, informó que las brigadas estatales realizarán recorridos para entregar apoyos y conocer directamente las necesidades de la población.
Entre los bienes que serán restituidos se encuentran algunos de los enseres domésticos perdidos durante las inundaciones. Las autoridades también mantienen desplegadas brigadas de salud debido a que los niveles de marea podrían permanecer elevados.
El operativo contempla además la posibilidad de habilitar albergues temporales en escuelas y trasladar de manera preventiva a las familias que permanezcan en condiciones de vulnerabilidad. La decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del oleaje.
El Gobierno estatal mantiene el monitoreo de las zonas costeras de Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, en coordinación con los municipios, habitantes y ejidos.
Sin embargo, la situación de vivienda no ha sido el único tema que se colocó en la mesa. En Bahía de Banderas, el alto oleaje de Rachel reavivó una controversia legal sobre la construcción de un condominio en la localidad de San Francisco, conocida popularmente como San Pancho.
La fuerza del mar dejó al descubierto parte de los pilotajes del condominio Punta Paraíso, alcanzando balcones, jardines y áreas de amenidades, por lo cual se urgió la evacuación de por lo menos 40 turistas.
El complejo de 44 unidades condominales ha sido cuestionado desde su origen. En 2023, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó demoler aproximadamente mil 500 metros cuadrados de su construcción. Instrucción a la que se sumó el propio gobernador Miguel Ángel Navarro.
La orden hasta el momento no se ha cumplido, debido a que el desarrollador Carlos Lemus impugnó esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este caso continúa pendiente de resolución.
El paso de Rachel deja así dos tareas distintas. La primera es inmediata: sacar adelante a las familias que perdieron parte de sus bienes y evaluar las viviendas dañadas. La segunda es más compleja y tendrá que resolverse más allá de la emergencia: determinar hasta dónde es posible seguir habitando y explotando comercialmente las zonas más expuestas de la costa y qué alternativas existen para quienes llevan años apostando su patrimonio a la orilla del mar.
