La discusión sobre la justicia penal en México suele comenzar por el juez: por qué liberó a una persona, por qué rechazó una prueba, por qué no dictó una condena. Pero antes de llegar a un tribunal existe una investigación que puede determinar el destino del caso. Esa parte del sistema, menos visible para la sociedad, ocupó el centro de la conferencia magistral del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía en la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Ciudad de México.
Este jueves 8 de octubre, al presentar “La realidad del sistema penal oral, a diez años de su implementación a nivel nacional”, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó una revisión que obliga a ampliar el debate: para entender los resultados de la justicia penal hay que observar, en mayor medida, lo que ocurre en las fiscalías.
Su argumento estuvo sostenido en cifras. De acuerdo con los datos del INEGI citados durante la conferencia, en 2024 se iniciaron dos millones 139 mil 228 carpetas de investigación en el país. El 96.3 por ciento correspondió a las fiscalías estatales y apenas el 3.7 por ciento a la federal. En el 60.5 por ciento de las carpetas se desconocía, al comenzar, a la persona probablemente responsable.
La primera lectura es contundente: la justicia penal mexicana se construye, fundamentalmente, en las instituciones locales. Allí comienza la posibilidad de esclarecer un delito, identificar a quien lo cometió y sostener una acusación ante un juez.
El siguiente dato permite dimensionar el problema. Entre las determinaciones o conclusiones reportadas por las fiscalías estatales en investigación inicial durante 2024, el 39.9 por ciento correspondió al archivo temporal; el 26.5 por ciento, al no ejercicio de la acción penal, y solamente el 14.9 por ciento, al ejercicio de esta.
“Si queremos evaluar el sistema acusatorio no solo debemos mirar al tribunal de enjuiciamiento o al juez oral. Debemos, en mayor medida, observar a las fiscalías”, sostuvo Figueroa.
Estas cifras no permiten afirmar que toda investigación archivada sea un caso de impunidad, ni que cada decisión de no ejercer acción penal sea incorrecta. Sí muestran dónde debe concentrarse una parte sustancial del escrutinio público: en la capacidad para investigar y en las razones por las cuales los asuntos no avanzan.
La distinción resulta indispensable. Procurar justicia e impartirla son responsabilidades diferentes. La fiscalía investiga y acusa; el órgano judicial resuelve. Confundir esas funciones facilita repartir culpas, pero dificulta identificar las fallas que deben corregirse.
Otro de los planteamientos relevantes del ministro cuestionó la idea de que el éxito del sistema deba medirse por la cantidad de juicios orales. Según las cifras que presentó, durante 2024 la proporción de asuntos resueltos por esa vía fue de 3.3 por ciento en el ámbito federal y de 9.7 por ciento en el estatal.
Para Figueroa, esa participación reducida no representa, por sí misma, un fracaso. El modelo contempla soluciones alternas y procedimientos abreviados precisamente para evitar que todos los casos recorran un juicio completo.
La consecuencia periodística de este argumento es importante: terminar un asunto sin juicio oral no equivale automáticamente a dejarlo sin justicia. La evaluación debe considerar cómo se resolvió, si se protegieron los derechos de las partes y si la víctima obtuvo la reparación correspondiente.
La conferencia también examinó el papel de la Suprema Corte en la construcción de reglas para operar el sistema. Entre los ejemplos expuestos estuvo la exigencia de que quien presencia el desahogo de las pruebas sea quien emita la sentencia. La presencia del juez en la audiencia tiene una finalidad concreta: que resuelva a partir de aquello que conoció directamente.
Figueroa explicó, además, criterios que exigen analizar las consecuencias reales de determinadas irregularidades procesales. Al referirse a un precedente sobre interrupciones del juicio oral, señaló que rebasar el plazo legal no produce, por sí solo, la nulidad: debe examinarse si hubo una afectación material a los principios del proceso y si esta trascendió al fallo.
El punto exige cuidado. No supone que las reglas sean prescindibles, sino que su aplicación debe atender también al daño que una infracción provoca sobre los derechos y la decisión judicial.
La intervención tuvo un componente cercano a Nayarit. El ministro recordó su origen nayarita y su vínculo con el primer campus de la Universidad Vizcaya. Al agradecer la distinción de inaugurar una sala que lleva su nombre, asumió el compromiso de corresponder con su trabajo a la confianza de la institución.
Sin embargo, el mensaje de mayor alcance estuvo en su diagnóstico. Diez años después de la implementación nacional del sistema, la pregunta ya no puede agotarse en si existen salas de oralidad o audiencias públicas. Debe dirigirse a la capacidad de las instituciones para investigar, resolver y proteger derechos.
Para Nayarit, como para el resto de los estados, esa reflexión tiene una aplicación directa: exigir justicia también significa exigir investigaciones sólidas y explicaciones sobre los asuntos que permanecen sin resolver.
La justicia empieza mucho antes de que un juez pronuncie una sentencia.
