Por Julio Casillas Barajas
MUY DIFÍCIL EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES
Estamos de acuerdo en que las autoridades electorales deben cumplir con sus funciones y garantizar la adecuada celebración de la jornada electoral del 2 de junio, en un entorno complicado que les impone exigencias mayúsculas. En el INE, deseamos que ya se hayan superado las diferencias internas que los han llevado a vivir episodios inéditos como la evidente imposibilidad para construir consensos en la designación de personas en posiciones clave del organigrama institucional; o, en el caso del Tribunal Electoral, la constante remoción de sus presidencias que generó dudas sobre el adecuado arbitraje de los procesos electorales en marcha. Ojalá que esos trances ya se hayan rebasado.
ORGANISMOS FUERTES Y SERIOS
Se requieren estabilidad interna y diálogo permanente entre consejerías y magistraturas para alcanzar el funcionamiento armónico que respete las diferencias. Para los mexicanos es importante que ambas instancias electorales encuentren los caminos idóneos para fortalecerse y afrontar, con mejores posibilidades de éxito, los retos visibles.
No es fácil, pero el país lo exige, y vaya que les pagamos mucho y bien para que hagan su trabajo de la mejor manera. Es cierto que esas instancias cuentan con aceptación social importante, reflejada en encuestas y con aparatos administrativos con experiencia para entregar buenos resultados, pero una cosa es la eficacia operativa de sus equipos para cumplir la logística electoral y otra muy distinta, el comportamiento de sus titulares para generar confianza entre la ciudadanía y actores políticos. Tienen la obligación de generar confianza y credibilidad, aunque ya sabemos que enfocan sus pasos para ese desafío histórico.
FUERA MANOS AJENAS
Cotidianamente reportan diversos sectores sociales, personas pues, que una cosa es evidente: la constante intervención de los gobiernos en el proceso electoral, ello al margen de cualquier legalidad, lo que se mantiene como una de las principales amenazas del proceso electoral. Diariamente se acumulan evidencias sobre la constante violación a las restricciones que la Constitución y las leyes imponen a los servidores públicos para no intervenir en el desahogo de las elecciones, al tiempo que avanzan en la implementación del llamado plan C, buscando persuadir a la población de no votar por las candidaturas de la oposición y de entregar un voto que garantice carro completo para los y las candidatas del oficialismo. Eso dice la gente y, cuando menos, las autoridades deben investigarlo. Aquí solamente somos portavoces de esas quejas.
OTRA: LOS MALOSOS CON PRESENCIA
Por otro lado, una cosa que nadie debe negar: la presencia del crimen organizado -que lamentablemente cobra vidas de precandidaturas (y candidaturas), y mantienen el control de diversas regiones del país-. Además de que perfilan apoyos con financiamientos indebidos a candidaturas que les convengan. Sería lamentable que las autoridades electorales, sobre todo, las jurisdiccionales, cierren los ojos ante una terrible realidad más visible que nunca. Igual los funcionarios constitucionales que se hacen como que no saben ni ven nada. Esperemos que eso no afecte el desarrollo general de este grande proceso que es la esperanza democrática de millones de mexicanos.
CONFIANZA Y CREDIBILIDAD
Las elecciones que vivimos este año se deben constituir en una prioridad para la ciudadanía, cuya responsabilidad principal estriba en emitir un voto informado, en analizar los riesgos que implica para la democracia mexicana la concentración del poder público que deviene del voto en una sola opción partidaria. La integración equilibrada de los órganos de la representación política y de gobierno, debe ser una consecuencia natural de un voto libre y razonado.
Coincidimos: sobre el desempeño de nuestras autoridades electorales existe la expectativa de que deben sujetarse a los mandatos de la Constitución y de las leyes y que logren darle vuelta a la hoja (olvidándose de yerros y errores del pasado) para organizar y realizar elecciones limpias y honestas el próximo 2 de junio. El INE necesita que los titulares en sus áreas ejecutivas trasciendan la etapa de las “encargadurías” y logren su consolidación jurídica; y que el Tribunal Electoral se gane un voto de confianza para que haga bien su trabajo, con transparencia y alteza de miras.
Es indudable que este año 2024 es clave para el futuro de nuestra democracia si consideramos que están en curso procesos electorales, federales y locales que implican la renovación de 20 mil 367 cargos públicos. Desde luego, los más relevantes son la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas y, sobre todo, la renovación del Poder Legislativo federal que incluye, por vez primera, la posibilidad de reelección de las senadurías.
VEREMOS Y DIREMOS.
