Por Salvador Cosío Gaona
En el marco de una crisis de violencia que ha costado la vida de cientos de miles de personas en México, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 con el compromiso de transformar la fallida estrategia de seguridad de los dos gobiernos anteriores, la cual se había basado en gran parte en el despliegue de las fuerzas armadas.
No obstante, el propio López Obrador ha profundizado la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad.
Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2012 que, en caso de ser presidente de México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atenderán algunas de las causas económicas de la inseguridad.
Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado.
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han conservado un grado notable de autonomía, al que se ha sumado el poder que representa su papel protagónico en la estrategia de seguridad. El discurso de López Obrador como candidato había dado razones para pensar que su llegada a la presidencia podría significar una reconfiguración de este último aspecto. Sin embargo, tras diversas reuniones con la cúpula militar, el nuevo presidente no sólo consolidó el papel de las fuerzas armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones.
En ese sentido, se han promulgado reformas para que la Semar asuma el control y administrador de los puertos del país. La Semar y la Sedena igualmente han asumido un papel creciente en el control de las aduanas. Lo anterior se suma a la continuación o ampliación de funciones que han desempeñado las fuerzas armadas en sexenios pasados, tales como tareas de control migratorio.
De la era Fox a la fecha, en México se cuentan siete veces más militares en las calles.
Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, compartió fundamental información al respecto, en una publicación para Animal Político.
“Tuvimos 35,500 militares desplegados en promedio anual en tareas de seguridad pública en el sexenio de Vicente Fox y para mayo de 2022 el número llegó a 239,865, según el monitoreo permanente que hacemos en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Se multiplicó la cantidad en poco más de siete veces. Pero en esta historia el saldo civil y el militar son muy distintos.
A casi un cuarto de siglo de haber sacado masivamente a los militares a la calle, la Sedena y la Semar duplican la percepción social de efectividad “para prevenir y combatir la delincuencia”, en comparación con la policía preventiva municipal. Es más, a tres años de operaciones de la Guardia Nacional y sin evidencia que compruebe con los métodos aceptados su eficacia para las tareas policiales, merece más de 70 por ciento de percepción de confianza, esto es 20 puntos más que la policía estatal.
Ya podemos afirmar sin la menor duda que la militarización de la seguridad jamás fue un proyecto de uno u otro gobierno, de una u otra ideología, representando más bien una tendencia histórica de raíces estructurales que alinea a las fuerzas políticas y a la sociedad misma. Dice Wolf Grabendorff que más que hablar de militarización, debemos hablar de escasez de autoridades civiles. La hipótesis nos hace pensar también en el militarismo, la etapa actual en la que la Presidencia de la República pone a las Fuerzas Armadas por encima de las autoridades civiles, decisión que igual es apoyada o tolerada mayoritariamente por las fuerzas políticas y la sociedad.
Lo otro que podemos aseverar es que la militarización de la seguridad está disociada de sus resultados. Vamos reconfigurando nuestras hipótesis porque la evidencia acumulada confirma que los militares no reducen las violencias (hay investigación con base empírica que muestra lo contrario), al tiempo que las Fuerzas Armadas permanecen entre los primeros lugares por quejas asociadas a las violaciones más graves a los derechos humanos. Las aplicaciones 2016 y 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad confirman que los militares superan a los civiles en señalamientos por tortura.
Apenas en una conferencia que impartía hace unos días me enfatizaban que faltan las mediciones empíricas locales para identificar y diferenciar los niveles de confianza hacia las instituciones castrenses, sugiriendo que serían encontradas percepciones negativas ahí donde más tiempo han sido desplegadas. Puede ser, necesitamos esas mediciones y nuestras hipótesis pueden alterarse.
Pero con la evidencia disponible sabemos que la militarización ha venido caminando por encima de las diferencias o aparentes diferencias entre los partidos políticos y que no se ven afectados los niveles superiores de confianza en el espectro nacional, sean cuales sean las violencias, la delincuencia, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos.
La hipótesis más relevante que pongo a discusión, habida cuenta de lo anterior, es que la militarización de la seguridad no es, en estricto sentido, un proyecto de seguridad; es más, el militarismo así lo confirma. La escasez de instituciones civiles de la que habla Grabendorff representa una crisis de gobernabilidad precisamente civil, de manera que los gobiernos electos, como lo explica ese autor en la obra citada introduciendo los ensayos de más de 10 países de América Latina, recurren a los militares ante su propia incapacidad de resolver los grandes problemas; solo que, como dice el especialista Ignacio Cano para el caso Brasil, los militares son llamados para resolver y, sin lograrlo, de todas maneras ya no se van.
El militarismo acaso desnuda y refuerza el mito que envuelve la militarización de la seguridad porque, aún sin rendir cuentas exitosas luego de haber prometido una y mil veces la recuperación de la paz, a los militares ahora se les entregan tareas civiles por centenas y se abulta sin parar su presupuesto. El militarismo es la confesión de la incapacidad civil y la transferencia de poder y recursos hacia los militares, aunque estos tampoco sean la salida. Como si a un alumno que no hizo bien la tarea se le pasara al pizarrón a dar la clase.
Tres alternancias, 22 años y cada día más gobiernos ponen de su parte para confirmar la escasez de autoridades civiles. Tal vez si estudiamos más a fondo los incentivos políticos y sociales de la militarización de la seguridad y del militarismo, entenderíamos que de lo que se trata es de caminar rápidamente hacia una gobernabilidad atravesada por el poder de veto militar que, también siguiendo las palabras Grabendorff, avanza en las democracias frágiles”.
Ya cumplió más de un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, cumple casi tres años la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.
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