Volantín | Otro decretazo presidencial

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Por Salvador Cosío Gaona

Con toda la prepotencia que le caracteriza, el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un polémico acuerdo para que las funciones de seguridad pública de la Guardia Nacional pasen por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), siendo que previamente, el mandatario había anunciado una reforma constitucional para que la Guardia, todavía de carácter civil, pase a la Sedena previa aprobación del Congreso. Pero con el anuncio presidencial, la conversión de la Guardia como cuerpo castrense se haría sin importar si una reforma fuera o no aprobada en el Legislativo.  

 En su conferencia matutina del pasado  lunes, el presidente anunció que realizará una reestructura a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además buscará cambiar el nombre de esa institución: ahora se llamará Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.

El presidente ha adelantado que enviará una iniciativa de reforma constitucional para la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero, en caso de que el bloque opositor no la apruebe, debido a la moratoria constitucional, realizará cambios a la ley de la administración pública para lo que solo requiere una mayoría simple, la cual tiene Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

 Este martes, López Obrador anunció que para lograr la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá la misma ruta de la reforma eléctrica: enviará una reforma constitucional y dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión final.

“Ya lo anunciaron y van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso. Entonces va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, así fue cuando la reforma eléctrica”, explicó este martes.

 De tal manera que la adscripción de la Guardia Nacional seguirá la misma ruta que la ley de la reforma eléctrica, la cual fue rechazada por el Congreso de la Unión, pero que logró cambios puntuales con la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando, todo lo rechazan. No vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y con eso podemos modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, se va a aprobar la reforma de ley”, agregó.

 Ante esta propuesta del presidente, Animal Político consultó la opinión de distintos actores sobre cuáles serían las consecuencias del acuerdo por el que la Guardia Nacional —que actualmente ya tiene un 80% de elementos militares— pasaría de manera oficial a ser otra fuerza militar. 

 Para el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, el acuerdo anunciado “es abiertamente inconstitucional”, pues el artículo 21 de la Constitución establece que la Guardia es “de carácter civil” y que está adscrita a la Secretaría de Seguridad (SSPC), por lo que pasarla mediante un decreto a la Sedena violaría la Carta Magna. 

El abogado recordó que lo establecido en ese artículo 21 es, precisamente, resultado de una reforma que propuso Morena, el partido del presidente, y que fue votada y aprobada en 2019 por los legisladores para el nacimiento de la Guardia Nacional. 

“Por ello —apunta Martín Reyes—, el anuncio del presidente López Obrador lo que muestra es que no está dispuesto a respetar los diseños constitucionales que su propia mayoría parlamentaria ha aprobado”. 

“Es decir, es una reforma del lopezobradorismo… que el lopezobradorismo no está dispuesto a respetar”. 

 Para el experto constitucionalista, el anuncio debería encontrar una respuesta inmediata del Poder Judicial, como “contrapeso” y “garante” de la Constitución. Sin embargo, “el gran problema es el tiempo que el Poder Judicial tarda en resolver estos asuntos”.

Sobre esto, Martín Reyes recuerda que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha resuelto atraer la discusión sobre el acuerdo del 11 de mayo de 2020 en el que el presidente ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el fin de su sexenio, en 2024. Este acuerdo fue impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, también por considerarlo inconstitucional, pero a más de dos años continúa sin discutirse en la Corte. 

“El presidente ya aprendió a jugar con los muy convenientes tiempos de la Corte y sabe que un decreto así, aunque sea abiertamente inconstitucional, puede pasar con tan solo esperar a que los ministros se tomen su tiempo. Porque si se están tardando dos años con el anterior decreto militarista, quién dice que ahora no se van a tardar otros dos años con este acuerdo”, plantea Martín Reyes. 

 Por su parte, Bernardo León, asesor en temas de seguridad pública a policías, coincide con Martín Reyes en que la idea del presidente es inconstitucional, aunque matiza que habría “otras maneras” para que la Guardia pase a ser completamente militar, como quiere López Obrador.

“Lo que podría hacer el presidente es cambiar el nombre a la Guardia Nacional y que el 80% de sus elementos, que sabemos que son militares, regrese a la Sedena, y luego, con base en el transitorio (que establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024), que utilice a esos elementos hasta que termine su sexenio”, expone. 

“En realidad, el presidente no tendría por qué traspasar la Guardia Nacional a la Sedena. Podría regresar a todos los militares que están en la Guardia a la Sedena a hacer labores de seguridad pública, porque eso sí sería legal. No hacerlo sería violar la Constitución”. 

En cuanto a qué tan idóneo es que militares realicen labores de seguridad pública, León recuerda que en múltiples países de Europa, como España, Francia o Italia, esto es una práctica común, y los resultados en materia de seguridad en esos países son positivos. 

“El hecho de que sean militares no significa que, en automático, sea algo malo o que cause problemas”, señala. “Aunque en México el problema es que el Ejército sí tiene una larga tradición de falta de rendición de cuentas”. 

Otro problema, apunta, es que la Guardia está planteada “como una policía municipalota”. 

 Cabe señalar que el Jefe del Ejecutivo ya había advertido de la probable incorporación de la Guardia a la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval. Sin embargo, fue en la mañanera de este 8 de agosto que reveló su as bajo la manga para hacerla válida: el decreto presidencial.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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