Cañeros que abastecen al Ingenio de Puga se manifestaron desde el bulevar Tepic Xalisco, justo a la altura de la Universidad Autónoma de Nayarit, hasta las inmediaciones de la Casa del Pueblo; exigieron el pago inmediato de lo que desde hace meses les adeudan los dueños de la empresa procesadora de caña de azúcar en la comunidad de Francisco I. Madero.
Los manifestantes fueron atendidos por el secretario general de Gobierno Juan Antonio Echeagaray Becerra, sin embargo y en verdadero clima de tensión, los cañeros agredieron verbalmente al funcionario estatal lanzando consignas y descalificaciones en contra de quien intentaba dialogar con ellos.
Posteriormente y ante diversos medios de comunicación, Juan Antonio Echeagaray declaró que el problema no es entre el gobierno del estado y los productores de caña.
Especificó que el gobierno no puede canalizar recursos económicos para solucionar el conflicto que existe entre los empresarios cañeros y los abastecedores de esta empresa privada.
Dijo que los empresarios dueños del Ingenio de Puga no han comparecido ante los productores, ni ante las autoridades del estado.
En este mismo contexto, Juan Antonio Echeagaray Becerra comentó que ni el gobierno del estado ni el gobierno federal pueden entrar al rescate económico de la empresa cañera que demanda el pago inmediato de diversas prestaciones laborales: “ De hacerlo, el gobierno del estado estaría cometiendo un delito que la ley tipifica como desvió de recursos”.
Es importante mencionar que los manifestantes en desconocimiento total del procedimiento jurídico arremetieron en contra del gobierno del estado, por ello, el funcionario ante los medios de comunicación aclaró que el problema es entre el sindicato de cañeros, productores de caña y los dueños de la empresa: “El gobierno hace apenas unos meses se enteró de este problema, pero no es un problema generado por este gobierno, ni por el gobierno anterior o por las demás administraciones de gobierno, el problema no es del gobierno del estado”, reiteró.
Finalmente insistió que el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero no puede entrar al rescate financiero de una empresa privada.