Tras la muerte del periodista Martín Sánchez Íñiguez, así como la privación de la libertad de los comunicadores, Jonathan Lora y Osiris Maldonado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) radicó de manera oficiosa el expediente de queja DH/228/2023.
El presidente del órgano, Maximino Muñoz de la Cruz, explicó que dentro del mismo expediente se emitieron las medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Nayarit, en las cuales se les demanda la activación de los mecanismos de protección a periodistas, así como la de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los comunicadores y evitar la generación de un ambiente de impunidad, pero en especial, atender con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y exhaustividad los presentes casos.
En los casos de desaparición y homicidio de periodistas, las autoridades ejecutivas, aclaró que están obligadas a realizar las investigaciones exhaustivas y efectivas que consideren, como principal línea en sus indagatorias, la labor periodística de la víctima.
La CDDH hace énfasis en que se requiere que la autoridad competente implemente de forma inmediata las acciones contundentes, para generar condiciones seguras para todas aquellas personas dedicadas a la comunicación y al periodismo.
Para concluir, Maximino Muñoz de la Cruz estableció que se mantendrá vigilante de que las autoridades ejecutivas, en especial aquellas a quienes se les encomienda la procuración de justicia, realicen de forma adecuada sus funciones, a efecto de que se logre el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, se proteja a la víctima y/o ofendidos por estos acontecimientos, y se procure que el culpable no quede impune y sobre todo se repare de forma integral, en su caso, el daño causado.
