Por Salvador Cosío Gaona
En México, la calificación promedio de las instituciones dedicadas a la justicia en las dimensiones transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración es de 0.42, es decir, tienen una evaluación no aprobatoria.
El jueves, instituciones públicas y organizaciones civiles presentaron la Métrica de Justicia Abierta (MJA) 2023, con la que se midió a 233 instancias del ecosistema de justicia en México en temas de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
En una escala de 0 a 1, el valor de 0.42 –que fue el promedio de evaluaciones- fue la mitad de lo esperado, en tanto que 1 fue el valor de un organismo totalmente abierto.
En tanto, el Poder Judicial de Coahuila fue el más alto con 0.87. Los tribunales laborales y las instancias del sistema penal resultaron los peor evaluados, con 0.21 y 0.10.
La Métrica de Justicia Abierta 2023 se elaboró en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) y el Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project).
Se incluyó a todas las instituciones dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que procuran, administran e imparten justicia a nivel federal y estatal, en total 233.
Están incluidos los tribunales (superiores, los Consejos de la Judicatura, electorales, de justicia administrativa y laborales), las fiscalías, los centros de derechos humanos y las instancias penitenciarias y para las impartidoras de justicia se desarrollaron indicadores especializados en el Módulo de Apertura Jurisdiccional.
Esta primera edición de la Métrica de Justicia Abierta es consultable en Internet y tiene como propósito evaluar el grado de apertura de las instituciones dentro del sistema de justicia mexicano, mismo que tradicionalmente ha sido considerado de ser opaco.
El director de Proyectos de Estado de Derecho y de la Oficina de WJP en México, Alejandro González, destacó que este “es el primer ejercicio de su tipo en el mundo, evalúa los niveles de apertura para todo el universo de instituciones de justicia federales y locales en México”.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, estableció que “la ciudadanía tiene el derecho de estar informada y de involucrarse de forma activa en la formulación, implementación y control democrático de las políticas públicas, servicios y decisiones que les afectan en materia de justicia”.
En el rubro de transparencia se valoró si las autoridades publicitan toda la información que poseen de forma continua, completa, suficiente y si cuentan con los mecanismos para que todas las personas puedan acceder a la información pública en condiciones de igualdad.
En el de participación se consideró si las autoridades adoptan las medidas adecuadas para acercar y hacer accesible la información y los servicios que ofrecen, tales como servicios digitales o acompañamiento a personas en situación de violencia.
Por colaboración se evaluó si las instituciones cuentan con los mecanismos para que las personas interactúen con las autoridades, co-creen e incidan en la toma de decisiones.
Y por rendición de cuentas se analizó si las instituciones cuentan con mecanismos para el monitoreo ciudadano del uso y destino de los recursos públicos, así como para la prevención, detección y sanción de arbitrariedades y actos de corrupción.
Durante la presentación se realizó un conversatorio, bajo la moderación de Alejandro González, director ejecutivo de WJP en México, quien destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resultó con una calificación idónea en el módulo de apertura jurisdiccional.
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que la justicia abierta permite combatir a la opacidad y a los enemigos de la democracia como son las amenazas a la autonomía e independencia de las instituciones, mismas que son indispensables para ejercer un contrapeso e impartir una justicia al servicio de las personas.
La directora de Vinculación del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), Lourdes Morales, consideró que justo por eso el Senado ha incurrido en “traición” al no realizar los nombramientos para completar al INAI.
Además, con la justicia abierta la ciudadanía puede ser parte del proceso institucional, de la construcción de las decisiones y de la definición de políticas, sostuvo.
La justicia abierta permite generar instituciones legítimas que fortalecen la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mariela Ponce.
El magistrado de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Julián Alfonso Olivas Ugalde, destacó el avance que ha tenido la administración pública en materia de transparencia.
El objetivo final de la Métrica, planteó el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, es construir o replantear políticas públicas que tengan por efecto poner a las personas al centro de la justicia.
Se concluyó que el enfoque de gobierno abierto aplicado en la justicia significa ir más allá de abrir las ventanas al escrutinio, para abrir las puertas y colaborar con la ciudadanía. El impulso que sigue se debe centrar en que la transparencia y la participación ciudadana sean herramientas que permitan llegar a resultados de utilidad social. En especial, generar un beneficio diferenciado que permita una colaboración ciudadana-institucional y una mejor rendición de cuentas. Solo con estos esquemas es que, en las democracias resilientes, se resuelven los problemas públicos de manera plena.
La justicia abierta es un modelo de gobernanza que parte de la ideología del gobierno abierto, un modelo que busca replantear la relación entre el gobierno y la ciudadanía para favorecer la transparencia en los servicios, los procesos y la información gubernamentales, la participación ciudadana y la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil para atender nuevas demandas, necesidades e ideas.
La esencia de la justicia abierta es que la ciudadanía sea el eje del servicio público de impartición de justicia y que se atiendan las necesidades ciudadanas con propuestas creativas, accesibles, que fomenten la transparencia en el quehacer institucional y, de ser el caso, con una visión colaborativa con otras instituciones. Una de las implicaciones de asumir que el sistema de justicia debe funcionar en torno a las necesidades de los ciudadanos, es que las funciones institucionales –ya sean administrativas o jurisdiccionales–, se orienten de modo tal que se privilegie su comprensión por parte de la ciudadanía, con el fin de que se sienta más cercana al quehacer cotidiano institucional.
Otra implicación, relacionada con la primera, es que tomar al ciudadano como prioridad implica darle la misma importancia a la confianza que los ciudadanos tengan en las decisiones judiciales. Responder qué incide en la confianza es una pregunta compleja, sin embargo, invertirla y plantearnos qué genera desconfianza en las decisiones judiciales no sólo es más fácil de atender, sino que, además, la respuesta nos da pautas para adecuar las prácticas y los procesos de los propios tribunales para mejorarla.
La justicia abierta, al proponer transparentar, socializar y difundir las decisiones judiciales, se convierte en una herramienta –y una posibilidad– para mejorar la relación con la ciudadanía, así como para fortalecer la confianza ciudadana, a través de prácticas concretas.
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