Por Salvador Cosío Gaona
Los daños al medio ambiente que ha causado la construcción del Tren Maya, la megaobra insignia que constituye un capricho más del presidente Andrés Manuel López Obrador, han trascendido fronteras.
El pasado miércoles 26 de julio, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que el Tren Maya viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio.
“El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya”, se lee en el veredicto.
Tras la condena, el Tribunal planteó cuatro ejes para reparar los daños ocasionados con esta obra:
1) Realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural.
2) Reparar y restaurar integralmente todos los ecosistemas que han sido afectados por la ejecución del Tren Maya y sus instalaciones colaterales.
3) Suspender los procesos de despojo y expropiación de la tierra ejidal a las comunidades.
4) Desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a este.
Además, urgió al gobierno del presidente López Obrador a suspender de manera inmediata el Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones a los derechos del medio ambiente.
En su veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
El megaproyecto de AMLO, que se proyecta inaugurar en diciembre de 2023, ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción por las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur del país, repleto de humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, y del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.
La obra contempla mil 554 kilómetros de vía para un tren turístico, así como para carga y pasajeros locales en los estados del sureste: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Pero además de la sentencia del Tribunal ya mencionado, medios internacionales han dado cuenta que el pasado jueves un grupo de personas vandalizó las oficinas de la ferroviaria Deutsche Bahn, ubicada en la ciudad de Berlín, en Alemania. Se trata de una de las empresas que obtuvo contratos para la construcción de dicho transporte.
Y es que activistas del país europeo lo calificaron como un proyecto de infraestructura neocolonial que destruye las selvas tropicales del sureste de México.
De acuerdo con el portal internacional Deutsche Welle (DW), los activistas destruyeron la entrada y las ventanas de la empresa con martillos y artefactos incendiarios. Además, incendiaron un vehículo eléctrico de la compañía que estaba en el estacionamiento.
Incluso, compartieron una fotografía que muestra que los manifestantes escribieron con aerosol la frase “Stop Tren Maya” en la puerta de la empresa.
La policía arribó al lugar luego de que vecinos de las oficinas de Deutsche Bahn reportaron que escucharon un fuerte estruendo.
“La Policía sospecha que se ha tratado de un acto político, ya que los desconocidos rociaron con spray las palabras “Stop Tren Maya” en la ventana de un edificio”. añadióDW. Asimismo, indicó que por ahora el caso sigue en investigación.
Ahora bien, de acuerdo con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, la obra del Tren Maya,viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio.
En la Declaración de Costa Rica sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, durante una reunión organizada entre el 7 y el 11 de diciembre de 1981 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con el auspicio de la UNESCO, se asentó que el etnocidio significa que un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua, “implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural”, se lee.
La problemática de la pérdida de la identidad cultural de las poblaciones indias de América Latina. Este proceso complejo, que tiene raíces históricas, sociales, políticas y económicas, ha sido calificado de etnocidio.
Por lo cual, se ha señalado que el Tren Maya ocasiona la contaminación de acuíferos, la deforestación, ya que se calcula que son 10 millones de árboles talados y ocasionará la extinción de flora, fauna y la destrucción de cenotes.
Por igual, los derechos de las comunidades indígenas, ya que no fueron consultados para saber si estaban de acuerdo para que la obra cruzara por sus territorios y que al final se diera una militarización, ya que la supervisión de la obra quedó en manos de la Guardia Nacional.
Por igual, se pidió que se realizará una auditoría independiente del gobierno, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, indica que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción a raíz de las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, pues impacta en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, así como del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.
Diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual cambió varias veces su trazado original y sin que se hayan cumplido con rigor los estudios de impacto ambiental.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, el presidente López Obrador declaró su construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente, así como el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a que la zona cuenta con abundantes vestigios de la cultura maya.
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