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Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer ocho casos de jueces cuyas prácticas favorecen a presuntos delincuentes. Un ejemplo de ello fue el caso del juez de control en Guanajuato, José Jesús Rodríguez Hernández, quien exoneró a una empresa recicladora de pagar impuestos por mil 500 millones de pesos.
Otro caso, el cual expuso el subsecretario de seguridad, fue el de la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien otorgó 23 resoluciones contrarias a la justicia. Asimismo, en 4 declaró ilegal la detención, 13 no se vincularon a proceso y 6 sentencias absolutorias, beneficiando así a imputados por delitos previstos en la Ley Federal A, F y E.
Del mismo modo, Rodríguez Bucio expuso el caso de la jueza de control en Hidalgo, Soyla Rosa Cárdenas Bahena, quien otorgó 43 resoluciones contrarias a la justicia. Entre ellas, declaró ilegal la detención en 21 ocasiones, 17 no fueron vinculadas a proceso y 5 sentencias resultaron absolutorias.
