En el marco de la edición número seis de la Cumbre Nacional de líderes por la Paz, Seguridad y Procuración de la Justicia, de la que fue sede Nayarit, y ante la presencia de importantes perfiles profesionales dentro del gremio policial, se dio paso a la toma de protesta de los integrantes de Comité Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia en nuestro país.
La presidencia número 31 de México y en el estado estaría a cargo de Fabiola Guadalupe Segovia Ochoa, quien dará paso a las tareas y acciones del citado movimiento propositivo del que se dijo sólo busca dar soluciones a los tema de seguridad, de una mejor justicia a los temas de dignificación policial.
En su mensaje, Ramón Bernal García, líder del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia en México, sostuvo que como sector habrán de estar organizados para saber enfrentar los tiempos de sucesión que están por venir.
“Nosotros sabemos que pueden llegar otros cambios políticos, pero no se va a lograr un cambio verdadero en materia de seguridad e incorporación de justicia si no logramos dignificar primero a los policías, Ministerio Público y peritos, si no logramos dignificar a los operadores del sistema de justicia, llegue quien llegue, lleguen las mejores de los partidos políticos e ideologías en México no se va a lograr nada.
“En tanto no se dignifique a los cuerpos policiales, es decir, se saque del abandono en el que están tanto estatales como municipales en todo el país, nosotros como movimiento no es nada más criticar, también es proponer y estamos proponiendo soluciones”.
Dentro de sus propuestas, explicó el líder del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia en México, está la reforma al artículo 123 apartado B, fracción 3, específicamente el párrafo segundo.
“Actualmente señala el artículos 123 que si un policía, un Ministerio Público o un perito son destituidos de su cargo, son despedidos y ya no procede la reinstalación, aun comprobando ante los tribunales que dicha separación fue injusta, con ello nos quitan a más de 750 mil operadores del sistema de justicia la certeza laboral y tiene muchas implicaciones”.
