El impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que recaudan los gobiernos municipales desde hace más de 50 años está a punto de desaparecer.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución con la cual invalida los preceptos de Leyes de Ingresos de al menos 14 municipios, por considerar que el cobro del 15 por ciento en trámites gubernamentales para destinarlo a la UAN es inconstitucional.
Esta decisión fue tomada por La Corte, a raíz de la presentación de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González.
La representante jurídica del gobierno federal utilizó las leyes de ingresos de los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas, Xalisco, Ahuacatlán, Rosamorada, Tecuala, Tuxpan, Santa María del Oro, Compostela, Acaponeta, Ixtlán del Río, San Blas y Jala para justificar su demanda, la cual fue expuesta por el ministro Javier Laynez Potizek, para el análisis de sus pares, quienes determinaron que dicho impuesto vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, bajo el argumento de que, “dicha contribución no atendía a la verdadera capacidad contributiva de los causantes”.
Finalmente, el Pleno de la SCJN exhortó al Congreso del Estado de Nayarit evitar aprobar impuestos similares en el futuro.
Un impuesto crucial para la UAN
Desde el 26 de diciembre de 1970, por decreto del gobernador Roberto Gómez Reyes, todos los gobiernos locales de Nayarit deben cobrar un tributo adicional por concepto de impuestos, derechos y productos para dirigirlo a la máxima casa de estudios de la entidad, con la finalidad de que ésta se fortalezca e incremente su patrimonio.
En su origen la tasa fue del 10 por ciento, lo cual se cobró en cada trámite gubernamental que se realizó, para posteriormente tener una alza al 12 por ciento como se puede constatar en el decreto 7888, publicado el 29 de noviembre de 1995, con el cual también se formalizó la creación del Patronato para Administración el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual aunque ya se encontraba establecido no contaba con una figura jurídica, permitiendo también que el recurso recaudado fuera destinado a actividades académicas, de extensión, vinculación e investigación.
Sin embargo, este apoyo no impidió que la Universidad Autónoma de Nayarit sufriera una catastrófica crisis económica que la ha dejado al borde de la inoperancia. Los millonarios adeudos, obligaron al gobierno estatal a considerar utilizar este recurso para el pago de los pasivos de la institución educativa. A unos meses de haber asumido su cargo como gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero promovió una iniciativa para incrementar la tasa del impuesto del 12 al 15 por ciento.
No obstante esta reforma no sólo contempló un incremento a los recursos que recibiría la UAN por este concepto, sino también la obligación de que el 75 por ciento de estos fueran destinados al pago de pasivos de la institución, mientras que el resto del recurso se utilice para su objetivo original, convirtiendo a este impuesto en un activo crucial para la Universidad.
Ayuntamientos, un problema eterno
Desde años atrás, los gobiernos municipales han significado un gran reto para el Patronato que recauda este impuesto. Muchas administraciones de los 20 municipios omitieron el pago de dicho recurso en distintas ocasiones. Esto originó que en julio de 2014, se presentará una reforma a la ley dirigida a este tributo especial con el cual se establecieron cinco mecanismos para garantizar que los Ayuntamientos recauden y entreguen el recurso de manera transparente, advirtiendo sanciones penales de no hacerlo.
A pesar de esto, los principales gobiernos municipales de la entidad, Tepic y Bahía de Banderas, y la mayoría de estos, mantienen adeudos con el Patronato UAN. De acuerdo con el presidente del organismo, Carlos Francisco García Jiménez, actualmente el gobierno capitalino mantiene una deuda de 51 millones de pesos, mientras que el municipio turístico debe alrededor de 12 millones de pesos, pasivos que quedarían en el aire a partir de la resolución de La Corte.
A continuación el boletín íntegro:
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) invalidó preceptos de las Leyes de Ingresos de diversos municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, en los que se preveían cobros por concepto de un impuesto y derechos, en los siguientes términos:
1. Un impuesto adicional destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, el cual gravaba la realización de pagos por impuestos, derechos y productos efectuados a los municipios. Por ello, determinó La Corte, dicha contribución no atendía a la verdadera capacidad contributiva de los causantes, lo que vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria.
2. Búsqueda de información, expedición de copias simples y certificadas de documentos, así como reproducción de documentos en medios magnéticos, relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Respecto de la primera parte, La Corte determinó que esa búsqueda implica una actividad estatal que debe ser gratuita y, por lo que se refiere a la reproducción de la información, el legislador local no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales empleados para ello, lo que violentaba el principio de gratuidad que rige el mencionado derecho.
Finalmente, el Pleno exhortó al Congreso de la entidad para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad.
Acciones de inconstitucionalidad 27/2023 y sus acumuladas 28/2023, 44/2023, 56/2023 y 59/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de 2023, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 21, 26, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Secretariado: Alfredo Uruchurtu Soberón y Cristina Hernández Hernández.